LOS ESPACIOS RESIGNADOS POR LOS PARTIDOS
Por Alberto Dearriba
Cuando aún no se acalló el batifondo generado por la Ley de Medios, el Poder Ejecutivo enviará esta semana al Parlamento el proyecto de reforma política que constituyó uno de los ejes del frustrado diálogo interpartidario abierto tras la derrota electoral kirchnerista y que augura una nueva disputa de elevados decibeles.
El proyecto instaura un régimen de elecciones primarias obligatorias, de las cuales debe surgir sin excepciones el candidato presidencial de cada uno de los partidos, lo cual obligaría a competir internamente a los sectores disidentes del peronismo y del radicalismo. Pero la cuestión que puede desatar mayores debates, ronda en torno de los requerimientos que impondrá a los partido para poder participar de elecciones nacionales, ya que sólo el PJ y la UCR son fuerzas con estructuras legales y elevado número de afiliados en todos los distritos del país.
El proyecto arribará en medio de la reacción que desató la condenable agresión en San Salvador de Jujuy al senador radical Gerardo Morales, amplificada luego por la cantinela de los medios acerca de la “crispación social”, de la cual la oposición culpa a la Presidenta y a su esposo, pese a que no deja de echar leña al fuego. Aunque todo proyecto político conlleva cierto grado de interés faccioso -y seguramente la reforma política lo tendrá- el Gobierno sostiene que el régimen propiciado por la iniciativa apunta a fortalecer a los partidos como base del sistema democrático.
Tanto la exclusividad que se ratifica a los partidos para imponer un presidente de la Nación, como la concesión de recursos publicitarios iguales para fuerzas de distinto desarrollo, colaborarán al fortalecimiento de las fuerzas partidarias corroídas desde hace años por un manto de desprestigio. La crisis de representatividad que aqueja a los partidos no es nueva, pero se agudizó en los ‘90 con el discurso único, la prédica antipolítica y la teoría no verificada del fin de las ideologías. Así nacieron como un aire fresco las organizaciones de género, de derechos humanos y las ecologistas.
Carcomidos por las sospechas, abrazados a las peores prácticas internas y descalificados interesadamente por las corporaciones, los partidos políticos enfrentan hoy el desafío de demostrar que siguen siendo herramientas capaces de cambiarle la vida a la gente. Que pueden recuperar su condición de correa de trasmisión con la gente, un espacio que pasaron a ocupar los medios de difusión. Fue precisamente en la década pasada, en medio de la furia del mercado, que los excluidos decidieron saltar de la cuneta a la ruta para dejar de ser invisibles. Los piquetes fueron formas de organización espontáneas, nacidas precisamente al amparo del desprestigio de los partidos políticos y de su vaciamiento ideológico. Son hijas del divorcio masivo entre la sociedad civil y la política, que dejó libre el espacio para que las demandas sociales se canalizaran a través de organizaciones libres del pueblo.
El presidente Eduardo Duhalde intentó combatir el fenómeno piquetero con la receta tradicional de la represión, pero debió abandonar la Casa Rosada luego que la policía bonaerense consumara dos nuevos asesinatos en las inmediaciones del puente Pueyrredón. El kirchnerismo apuntó en cambio desde un comienzo a no reprimir las expresiones piqueteras y a contener a esas organizaciones, lo que le valió el cuestionamiento de los sectores conservadores, que miran con recelo toda forma de organización de los pobres y reclaman la solución del taxista. Sólo hubo efímeros vínculos entre la clase media que exigió “que se vayan todos” y los piqueteros que reclaman pan y trabajo. En aquellos agitados días de finales de siglo, apareció en algunas movilizaciones una consigna que fue más una expresión de deseos que una realidad: “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”.
En la práctica, las movilizaciones de los pobres, siempre molestaron a la clase media cuyo desplazamiernto se ve restringido por los cortes de calles y rutas. En cambio, no produjeron el mismo mal humor los piquetes de productores de soja que paralizaron al país con el objetivo de conseguir mayores niveles de rentabilidad. La prensa también tuvo en ambos casos un doble standard: los chacareros que agredieron a diputados oficialistas y llegaron a sugerir hasta el cierre del Congreso, cometieron “excesos” o “exabruptos”, mientras los piqueteros que agredieron injustificadamente a Morales en Jujuy son “organizaciones mafiosas, armadas y financiadas por el gobierno”. La doble moral tiene un profundo tufillo a desprecio de clase.
MANO DURA. En verdad, los piqueteros que atacaron al jefe radical le hacen un flaco favor a las demandas que sostienen, como los que destrozaron bienes en la Municipalidad de Mar del Plata. No hacen más que estimular la demonización que realiza la derecha y complican la decisión del Gobierno de no criminalizar las demandas sociales. El paso siguiente a instalar la idea de la existencia de organizaciones sociales violentas, es obviamente el reclamo de mano dura. Piden meterle bala no sólo a los delincuentes, sino también a los pobres que se movilizan. No importa que la organización puesta en la picota haya logrado construir escuelas, fábricas, viviendas y un centro de atención médica, que hasta cuenta con un tomógrafo. O que organice cooperativas de trabajo en el interior de la provincia. En realidad, la dirigente jujeña detenida, Graciela López, pertenece a la organización Libertad y no a Tupac Amaru, que conduce Milagro Sala, contra quien cargó Morales. Se trata de una organización indigenista que ya había escrachado al senador radical, a quien acusan de oponerse a que comunidades originarias posean tierras que reivindican como propias. Pero nada importa. Se descalifica a todos los movimientos sociales en su conjunto, con la denuncia de la violencia, o se los desvalorizados con el viejo argumento del sandwich de chorizo, utilizado hasta por una dirigente que llegó a la política con un discurso progresista. Los mismos cuestionamientos surgen -como calcados- en las clases medias de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El clientelismo político también es una vieja lacra de la política de América latina, que sólo podría controlarse con partidos que asuman con fidelidad sus identidades ideológicas, con una sociedad más conciente y con menos miseria. Pero el rechazo de los subsidios que reciben los movimientos sociales es no sólo reaccionario, sino también injusto. Las grandes empresas perciben en la Argentina recursos muy superiores a los que se entregan a las organizaciones sociales que se organizan como no lo hacen los partidos políticos, sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello. El debate abierto sobre el subsidio a la niñez es una buena oportunidad para que la dirigencia política se ponga de acuerdo en una forma de ayuda efectiva y no clientelística. En las políticas sociales, siempre se enfrenta la necesidad urgente con la concepción de que sólo se terminará con la pobreza si se cambia la matriz inequitativa de la economía. Pero como el hambre no espera, ni los gobiernos revolucionarios discuten ya la necesidad de la ayuda social.
El Ministerio de Desarrollo Social sostiene que casi un 79 % de los 12 millones y medio de menores de 18 años perciben ayuda por la vía de los distintos planes sociales vigentes, lo que dejaría afuera a más de dos millones y medio de pibes, de los cuales más de la mitad ni siquiera tiene documento. El gobierno aumentó esta semana precisamente la asignación por hijo a los asalariados. Pero de esa ayuda quedan obviamente excluidos los chicos de hogares con padres desocupados o que trabajan en negro.
La discusión está centrada en si se apunta a esa franja desprotegida o si se reformulan todos los planes y se universaliza el subsidio, que es lo que propone la oposición. Pero además del universo, también se discute el monto. Un cálculo que el diputado Claudio Lozano le acercó esta semana a monseñor Jorge Casaretto, estima que si el auxilio fuese de 135 pesos como propone el gobierno, demandaría más de 5.800 millones de pesos y si fuese de 300, insumiría algo menos de 23 mil millones. Sea como quiere el gobierno o como plantea la oposición, resulta auspicioso que ni los sectores conservadores discutan ya la necesidad de la ayuda social.
Sin embargo, no todas las fuerzas tienen una posición similar, cuando los pobres abandonan su ancestral mansedumbre, se organizan y reclaman por sus derechos. Está claro que las organizaciones sociales deben contener los reclamos populares por carriles civilizados. Pero quienes se quejan de la “crispación” deberían también hacerse cargo de la virulencia de sus palabras que -amplificadas por los medios- resultan un invalorable aporte al mal humor social. Y también de la responsabilidad que les cabe por haber contribuido por acción u omisión a la deslegitimación de los partidos políticos, que impulsó el nacimiento de las organizaciones sociales.
La reforma política que comenzará a debatirse esta semana será una nueva oportunidad para intentar reconciliar a la sociedad civil con los partidos, reducidos al papel de meras maquinarias electorales por la corrupción y el vaciamiento ideológico.
lunes, 26 de octubre de 2009
domingo, 28 de junio de 2009
La Derecha al desnudo
por Ricardo Forster - 25/06/2009
Cada época de la historia no sólo inventa sus propias palabras sino que ilumina con nueva luz antiguos vocablos que habían caído en desuso o simplemente se habían ausentado de escena. Así sucedió con gran parte de las herencias políticas provenientes de lo inaugurado por la Revolución Francesa allí donde, en los años hegemonizados por la retórica neoliberal, muy pocos siguieron hablando de derechas e izquierdas en un tiempo de profunda despolitización que anunciaba, también, la doble muerte de la historia y de las ideologías. La astucia del poder logró, en aquellas décadas finales del siglo veinte, naturalizar su propia ideología destituyendo por inactual cualquier tradición que pudiera recordar el contenido brutal y salvaje del capitalismo desplegado después de la caída del Muro de Berlín.
La panacea del mercado global unida a una profunda transformación cultural asentada en el papel central de las grandes corporaciones de la industria de la comunicación, la información y el espectáculo, habilitó un doble proceso: por un lado, el advenimiento de una sociedad hiperindividualista dominada por la lógica del consumo y, por el otro lado, la producción de una nueva forma de sentido común y de opinión pública fuertemente capturada por una derecha portadora de nuevos arsenales capaces de horadar historias, biografías, conciencias y pertenencias.
Algo de esa hegemonía amparada en el ocultamiento de sus intenciones comenzó a quebrarse a partir de la crisis desatada en el corazón primermundista del capitalismo especulativo-financiero (entre nosotros esa evidencia se manifestó con toda su crudeza en la bancarrota del 2001 que se llevó puesta a la convertibilidad sin acabar, de todos modos, de romper el ensueño neoliberal que, insisto, penetró honda y radicalmente en amplios estratos de la población).
Mientras algunos medios de comunicación repiten una y otra vez el carácter anodino y hasta pueril de la campaña electoral buscando, quizás, aportar un nuevo granito de arena a la despolitización de la sociedad, lo que vemos emerger de un modo algo imprevisto es, por el contrario, la más fuerte evidencia de lo que podríamos denominar el “inconsciente ideológico” de nuestras derechas; un inconsciente que logra, como en el caso de De Angeli, sortear cualquier represión del superyó para lanzar a boca de jarro sus exabruptos reaccionarios enmarcados en su habla “campestre”, directa y sin sutilezas, como supuestamente le gusta a la gente. Pero también lo siguen Biolcatti y Macri cuando el primero afirma que el 29 deberíamos tener otro gobierno y cuando el segundo regresa sin escalas a la década neoliberal de los noventa reivindicando la reprivatización de Aerolíneas Argentinas.
A estas perlas de la derecha argentina (¿Vale en estos tiempos pos posmodernos utilizar categorías que habían sido abandonadas como inactuales? ¿Vale regresar sobre lo que hoy, como ayer, significa ser de derecha? ¿Nos permite, el amigo lector, utilizar estos giros anacrónicos?) hay que agregarles el apoyo que las declaraciones de Macri recibieron de su socio De Narváez (ambos unidos por su condición de herederos que se dedican a gastar la plata de los papis jugando a ser políticos exitosos y a trasladar a la vida pública sus caprichos de adolescentes ricos e impunes) y, como no podía faltar, de Gabriela Michetti que dobló la apuesta de su jefe y exigió la reprivatización del sistema jubilatorio.
Extrañas circunstancias las actuales que nos muestran a una derecha que no esconde sus ambiciones y que coloca en el centro de la escena su visión de la sociedad: visión que va desde el regreso a la lógica privatizadora vinculada al desguace del Estado con la creación de dispositivos de vigilancia y represión articulados a partir de la construcción de una política del miedo. Todo cabe dentro del cajón de sastre de la derecha vernácula: el regreso a la política brava de los conservadores de principios de siglo veinte que llevaban a votar a sus peones como quien lleva el ganado al abrevadero; el retorno sin pudores de lo peor del neoliberalismo noventista junto con las lógicas de “mano dura” y mapas de la seguridad que no son otra cosa que diseños para la construcción de guetos y de muros que pongan fuera de la visibilidad a los excluidos y a los pobres.
De Angeli dice brutalmente lo que piensan, pero no dicen públicamente, los Macri y los De Narváez; Biolcati expresa su lógica destituyente de un modo que silencian los otros actores políticos de la derecha (pienso en Lilita Carrió y en sus continuos anuncios apocalípticos que la han llevado a utilizar discrecional e impunemente palabras y conceptos como fascismo, totalitarismo, hitlerismo, etc., para referirse a Néstor Kirchner o al gobierno nacional democráticamente elegido por la mayoría del pueblo argentino. Allí también se anida un pensamiento y una práctica de derecha: un denuncismo vacío que se apropia de la memoria histórica, en especial de aquella que nos recuerda los horrores reales de otros tiempos, para rapiñarlos de su sentido y del dolor de las víctimas colocándolos en la actualidad al precio de su absoluta deshistorización).
Saliendo del redil de la derecha (insisto, y sabrá perdonarme el lector, en la utilización de categorías políticas anacrónicas según los analistas formados en los lenguajes de la encuestadología, la publicidad y el marketing) es interesante detenerse en un cierto aspecto del debate televisivo del miércoles pasado, debate del que participaron los cuatro candidatos mejor posicionados de la ciudad de Buenos Aires. No sorprendió la nada conceptual de Gabriela Michetti, su juego gestual que reemplaza lo que las palabras y las ideas no dicen; tampoco el esfuerzo inútil de Prat-Gay por disimular su aspecto de yuppie de la banca Morgan y de concheto porteño que habla de los pobres como quien habla de cosas y objetos.
Sí sorprendió la estrategia que eligió Pino Solanas para acrecentar sus chances electorales: eligió descargar todas sus baterías contra Carlos Heller como representante del gobierno nacional y como candidato del kirchnerismo. Pino fue brutal e inmisericorde, nunca mencionó a la derecha, nunca se detuvo a criticar al macrismo y a su gestión en la ciudad (apenas y, casi en tono de burla, le recordó a Michetti que todavía estaban habilitados 54 prostíbulos, en un gesto que no se entendió muy bien si respondía a una crítica por la explotación de mujeres o un recurso moralista). Su estrategia fue horadar al Gobierno silenciando incluso aquellas políticas que en otras ocasiones ha reivindicado; para Pino, como para Claudio Lozano, la derecha no parece existir a la hora de elegir su estrategia electoral y de imaginar que ellos serán los herederos de una derrota del kirchnerismo desconociendo que la única alternativa de poder real que se prepara para ir por todo –como lo vienen anunciando sin ruborizarse– es esa derecha que permaneció innombrada durante todo el debate por el cineasta-candidato.
¿Sorprende? No demasiado, porque no deberíamos olvidar que durante el debate parlamentario en torno a la resolución 125, Claudio Lozano, compañero político de Solanas, no sólo que votó en contra en su condición de diputado sino que luego hizo lobby para que los senadores del ARI de Tierra del Fuego hicieran lo mismo. Durante el conflicto con las patronales agropecuarias Proyecto Sur se alineó con los intereses de la derecha bajo el supuesto apoyo a una Federación Agraria que ya se había pasado con armas y bagajes del lado de la Sociedad Rural.
Interesantes son las cosas que se vienen sucediendo en este último tramo de la campaña; de una campaña electoral que, lejos de no aportar elementos significativos, nos ofrece la posibilidad de vislumbrar dónde se coloca cada quién y qué proyectos se defienden. Por eso y por otras cosas, esta no es una elección más; en ella se juega probablemente el destino de los próximos años en el país; en ella nuevamente se ponen de manifiesto lo que intentaba clausurar el discurso neoliberal que decretó la muerte de las ideologías junto con el fin de la historia. Algunas palabras vuelven a resonar, vuelven a tener sentido y el universo complejo de la política logra sustraerse, aunque sea tibiamente, del dominio abrumador de los lenguajes mediáticos y de su transformación en una mera mercancía. Cuando podemos correr por un rato al ejército de publicistas, de encuestadores, de opinólogos y de expertos en marketing, lo que aparece es lo olvidado de la política: en este caso lo que se muestra es la visión que tiene la derecha y de qué modo se prepara para intentar regresar al poder.
Su discurso ha abandonado los eufemismos allí donde, hacia el final de la campaña y cuando ya no está tan segura de ganar electoralmente, elige decir con brutalidad aquello que piensa hacer si logra capturar nuevamente el gobierno. Sus ideas de la sociedad, de la seguridad, de los derechos humanos, del papel del Estado, de la crisis mundial, de América latina vienen a expresar, aunque resulten horribles, algo de todo aquello que fue capturando al sentido común de las clases medias a lo largo de la década menemista y que todavía se prolonga en nuestros días cruzados por el desafío que el kirchnerismo, con sus ambigüedades, dificultades y contradicciones le planteó, sin embargo, a los poderes desde siempre hegemónicos en la Argentina.
La derecha sabe quién o quiénes son sus verdaderos adversarios, por eso no les teme y hasta promueve a aquellos que ejercen una crítica testimonial, sin capacidad para cuestionar ese poder real y que son habilitados por los mismos espacios corporativo-comunicacionales que suelen disparar toda su munición gruesa contra quien sí viene afectando sus intereses. Por todo esto, y más, estas no son elecciones comunes y corrientes ni tampoco suponen, como nos lo hacen creer ciertos opinadores profesionales, que nada importante está en juego.
Están en juego la política y la idea de una democracia que sea capaz de habitar el conflicto no como fin de la convivencia social sino como genuino recreador de la vida colectiva; están en juego tanto la recuperación de concepciones distribucionistas como las que defienden un rol activo del Estado en la defensa de los más débiles; están en juego, de cara al bicentenario, el proyecto de una integración latinoamericana sustentada en principios comunes de justicia y equidad y la afirmación de políticas anticíclicas que no perjudiquen a los trabajadores sino que defiendan el salario y el mercado interno…
Estas son algunas de las cosas que están en juego frente al avance de una derecha que apuntará a la reprivatización y a la ampliación exponencial de la concentración de la riqueza y del poder en cada vez menos manos. Poco o nada tienen de anodinas unas elecciones en las que tanto se pone en juego; poco y nada tienen de ingenuas aquellas críticas testimoniales que prefieren hacer pie en la crítica del Gobierno antes que señalar el peligro real que viene desde la derecha que, eso hay que recordarlo, no busca destituir lo inaugurado el 25 de mayo del 2003 por lo que hizo mal sino por todo aquello que se hizo bien. Mejor sería no olvidarlo en defensa de nosotros mismos.
Cada época de la historia no sólo inventa sus propias palabras sino que ilumina con nueva luz antiguos vocablos que habían caído en desuso o simplemente se habían ausentado de escena. Así sucedió con gran parte de las herencias políticas provenientes de lo inaugurado por la Revolución Francesa allí donde, en los años hegemonizados por la retórica neoliberal, muy pocos siguieron hablando de derechas e izquierdas en un tiempo de profunda despolitización que anunciaba, también, la doble muerte de la historia y de las ideologías. La astucia del poder logró, en aquellas décadas finales del siglo veinte, naturalizar su propia ideología destituyendo por inactual cualquier tradición que pudiera recordar el contenido brutal y salvaje del capitalismo desplegado después de la caída del Muro de Berlín.
La panacea del mercado global unida a una profunda transformación cultural asentada en el papel central de las grandes corporaciones de la industria de la comunicación, la información y el espectáculo, habilitó un doble proceso: por un lado, el advenimiento de una sociedad hiperindividualista dominada por la lógica del consumo y, por el otro lado, la producción de una nueva forma de sentido común y de opinión pública fuertemente capturada por una derecha portadora de nuevos arsenales capaces de horadar historias, biografías, conciencias y pertenencias.
Algo de esa hegemonía amparada en el ocultamiento de sus intenciones comenzó a quebrarse a partir de la crisis desatada en el corazón primermundista del capitalismo especulativo-financiero (entre nosotros esa evidencia se manifestó con toda su crudeza en la bancarrota del 2001 que se llevó puesta a la convertibilidad sin acabar, de todos modos, de romper el ensueño neoliberal que, insisto, penetró honda y radicalmente en amplios estratos de la población).
Mientras algunos medios de comunicación repiten una y otra vez el carácter anodino y hasta pueril de la campaña electoral buscando, quizás, aportar un nuevo granito de arena a la despolitización de la sociedad, lo que vemos emerger de un modo algo imprevisto es, por el contrario, la más fuerte evidencia de lo que podríamos denominar el “inconsciente ideológico” de nuestras derechas; un inconsciente que logra, como en el caso de De Angeli, sortear cualquier represión del superyó para lanzar a boca de jarro sus exabruptos reaccionarios enmarcados en su habla “campestre”, directa y sin sutilezas, como supuestamente le gusta a la gente. Pero también lo siguen Biolcatti y Macri cuando el primero afirma que el 29 deberíamos tener otro gobierno y cuando el segundo regresa sin escalas a la década neoliberal de los noventa reivindicando la reprivatización de Aerolíneas Argentinas.
A estas perlas de la derecha argentina (¿Vale en estos tiempos pos posmodernos utilizar categorías que habían sido abandonadas como inactuales? ¿Vale regresar sobre lo que hoy, como ayer, significa ser de derecha? ¿Nos permite, el amigo lector, utilizar estos giros anacrónicos?) hay que agregarles el apoyo que las declaraciones de Macri recibieron de su socio De Narváez (ambos unidos por su condición de herederos que se dedican a gastar la plata de los papis jugando a ser políticos exitosos y a trasladar a la vida pública sus caprichos de adolescentes ricos e impunes) y, como no podía faltar, de Gabriela Michetti que dobló la apuesta de su jefe y exigió la reprivatización del sistema jubilatorio.
Extrañas circunstancias las actuales que nos muestran a una derecha que no esconde sus ambiciones y que coloca en el centro de la escena su visión de la sociedad: visión que va desde el regreso a la lógica privatizadora vinculada al desguace del Estado con la creación de dispositivos de vigilancia y represión articulados a partir de la construcción de una política del miedo. Todo cabe dentro del cajón de sastre de la derecha vernácula: el regreso a la política brava de los conservadores de principios de siglo veinte que llevaban a votar a sus peones como quien lleva el ganado al abrevadero; el retorno sin pudores de lo peor del neoliberalismo noventista junto con las lógicas de “mano dura” y mapas de la seguridad que no son otra cosa que diseños para la construcción de guetos y de muros que pongan fuera de la visibilidad a los excluidos y a los pobres.
De Angeli dice brutalmente lo que piensan, pero no dicen públicamente, los Macri y los De Narváez; Biolcati expresa su lógica destituyente de un modo que silencian los otros actores políticos de la derecha (pienso en Lilita Carrió y en sus continuos anuncios apocalípticos que la han llevado a utilizar discrecional e impunemente palabras y conceptos como fascismo, totalitarismo, hitlerismo, etc., para referirse a Néstor Kirchner o al gobierno nacional democráticamente elegido por la mayoría del pueblo argentino. Allí también se anida un pensamiento y una práctica de derecha: un denuncismo vacío que se apropia de la memoria histórica, en especial de aquella que nos recuerda los horrores reales de otros tiempos, para rapiñarlos de su sentido y del dolor de las víctimas colocándolos en la actualidad al precio de su absoluta deshistorización).
Saliendo del redil de la derecha (insisto, y sabrá perdonarme el lector, en la utilización de categorías políticas anacrónicas según los analistas formados en los lenguajes de la encuestadología, la publicidad y el marketing) es interesante detenerse en un cierto aspecto del debate televisivo del miércoles pasado, debate del que participaron los cuatro candidatos mejor posicionados de la ciudad de Buenos Aires. No sorprendió la nada conceptual de Gabriela Michetti, su juego gestual que reemplaza lo que las palabras y las ideas no dicen; tampoco el esfuerzo inútil de Prat-Gay por disimular su aspecto de yuppie de la banca Morgan y de concheto porteño que habla de los pobres como quien habla de cosas y objetos.
Sí sorprendió la estrategia que eligió Pino Solanas para acrecentar sus chances electorales: eligió descargar todas sus baterías contra Carlos Heller como representante del gobierno nacional y como candidato del kirchnerismo. Pino fue brutal e inmisericorde, nunca mencionó a la derecha, nunca se detuvo a criticar al macrismo y a su gestión en la ciudad (apenas y, casi en tono de burla, le recordó a Michetti que todavía estaban habilitados 54 prostíbulos, en un gesto que no se entendió muy bien si respondía a una crítica por la explotación de mujeres o un recurso moralista). Su estrategia fue horadar al Gobierno silenciando incluso aquellas políticas que en otras ocasiones ha reivindicado; para Pino, como para Claudio Lozano, la derecha no parece existir a la hora de elegir su estrategia electoral y de imaginar que ellos serán los herederos de una derrota del kirchnerismo desconociendo que la única alternativa de poder real que se prepara para ir por todo –como lo vienen anunciando sin ruborizarse– es esa derecha que permaneció innombrada durante todo el debate por el cineasta-candidato.
¿Sorprende? No demasiado, porque no deberíamos olvidar que durante el debate parlamentario en torno a la resolución 125, Claudio Lozano, compañero político de Solanas, no sólo que votó en contra en su condición de diputado sino que luego hizo lobby para que los senadores del ARI de Tierra del Fuego hicieran lo mismo. Durante el conflicto con las patronales agropecuarias Proyecto Sur se alineó con los intereses de la derecha bajo el supuesto apoyo a una Federación Agraria que ya se había pasado con armas y bagajes del lado de la Sociedad Rural.
Interesantes son las cosas que se vienen sucediendo en este último tramo de la campaña; de una campaña electoral que, lejos de no aportar elementos significativos, nos ofrece la posibilidad de vislumbrar dónde se coloca cada quién y qué proyectos se defienden. Por eso y por otras cosas, esta no es una elección más; en ella se juega probablemente el destino de los próximos años en el país; en ella nuevamente se ponen de manifiesto lo que intentaba clausurar el discurso neoliberal que decretó la muerte de las ideologías junto con el fin de la historia. Algunas palabras vuelven a resonar, vuelven a tener sentido y el universo complejo de la política logra sustraerse, aunque sea tibiamente, del dominio abrumador de los lenguajes mediáticos y de su transformación en una mera mercancía. Cuando podemos correr por un rato al ejército de publicistas, de encuestadores, de opinólogos y de expertos en marketing, lo que aparece es lo olvidado de la política: en este caso lo que se muestra es la visión que tiene la derecha y de qué modo se prepara para intentar regresar al poder.
Su discurso ha abandonado los eufemismos allí donde, hacia el final de la campaña y cuando ya no está tan segura de ganar electoralmente, elige decir con brutalidad aquello que piensa hacer si logra capturar nuevamente el gobierno. Sus ideas de la sociedad, de la seguridad, de los derechos humanos, del papel del Estado, de la crisis mundial, de América latina vienen a expresar, aunque resulten horribles, algo de todo aquello que fue capturando al sentido común de las clases medias a lo largo de la década menemista y que todavía se prolonga en nuestros días cruzados por el desafío que el kirchnerismo, con sus ambigüedades, dificultades y contradicciones le planteó, sin embargo, a los poderes desde siempre hegemónicos en la Argentina.
La derecha sabe quién o quiénes son sus verdaderos adversarios, por eso no les teme y hasta promueve a aquellos que ejercen una crítica testimonial, sin capacidad para cuestionar ese poder real y que son habilitados por los mismos espacios corporativo-comunicacionales que suelen disparar toda su munición gruesa contra quien sí viene afectando sus intereses. Por todo esto, y más, estas no son elecciones comunes y corrientes ni tampoco suponen, como nos lo hacen creer ciertos opinadores profesionales, que nada importante está en juego.
Están en juego la política y la idea de una democracia que sea capaz de habitar el conflicto no como fin de la convivencia social sino como genuino recreador de la vida colectiva; están en juego tanto la recuperación de concepciones distribucionistas como las que defienden un rol activo del Estado en la defensa de los más débiles; están en juego, de cara al bicentenario, el proyecto de una integración latinoamericana sustentada en principios comunes de justicia y equidad y la afirmación de políticas anticíclicas que no perjudiquen a los trabajadores sino que defiendan el salario y el mercado interno…
Estas son algunas de las cosas que están en juego frente al avance de una derecha que apuntará a la reprivatización y a la ampliación exponencial de la concentración de la riqueza y del poder en cada vez menos manos. Poco o nada tienen de anodinas unas elecciones en las que tanto se pone en juego; poco y nada tienen de ingenuas aquellas críticas testimoniales que prefieren hacer pie en la crítica del Gobierno antes que señalar el peligro real que viene desde la derecha que, eso hay que recordarlo, no busca destituir lo inaugurado el 25 de mayo del 2003 por lo que hizo mal sino por todo aquello que se hizo bien. Mejor sería no olvidarlo en defensa de nosotros mismos.
jueves, 11 de junio de 2009
I.V.A.
Las marchas y contramarchas del Ministro de Economía no se comparecen con un manejo racional del tema - 24/09/2004
LA INEXPLICABLE DECISIÓN SOBRE EL I.V.A.
por Salvador Treber
Profesor de Postgrado-F.C.E.-U.NCBA.
El decano entre los Premios Nóbel de la especialidad, Paul A. Samuelson, en su clásico Manual de “Economía” -autoría que comparte con William D. Nordhaus, 14º Edición pág. 397- se refiere específicamente a “La Revolución Fiscal de los Años Ochenta” ocurrida en Estados Unidos.
En tal sentido menciona que en ese período “...se fraguó una serie de reformas fiscales con la radical legislación aprobada tanto en 1981 como en 1986”; cuya inspiración y concreción, según lo señala enfáticamente, fue la principal característica de “la década conservadora”. Se inició durante la presidencia de Ronald Reagan y tuvo continuidad en la posterior de George Bush (padre).
El fundamento téórico era la denominada teoría “ofertista” y su principal expositor Arthur Lauffer. Consistía en priorizar los aspectos microeconómicos como factores decisivos y relegar, a un segundo plano, las medidas macroeconómicas que se manejan mediante las políticas monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos.
Para la referida tesis, lo importante era potenciar al máximo la productividad y eficiencia de las empresas; adjudicando al Estado la misión de coadyuvar a bajar sus costos y el acceso a insumos y servicios al menor precio posible. El circuito “virtuoso” se cerraba disminuyendo los tributos para que los demandantes pudieran disponer de un ingreso creciente que respondiera positivamente a los atractivos de esa oferta.
Como consecuencia directa de ello, se encaró una primera reducción de los impuestos federales vigentes en 1981. Con ese objetivo descendieron las diversas escalas de imposición a la renta personal en un 25%, pero los resultados no fueron los esperados. El examen de éstos, los llevó a la conclusión que no se cumplió con las expectativas porque se requería un ajuste mucho mayor para que la tesis “ofertista” diera los frutos buscados.
A estas circunstancias obedecieron las resueltas en 1986, que llevaron la tasa marginal de la imposición personal a la renta máxima del 50 al 28 por ciento y en las sociedades del 46 al 34 por ciento. Las diferencias mencionadas ponen en evidencia la importancia de las rebajas introducidas y la confianza que se tenía en ese planteo. Se suponía, al liberarse fondos en una magnitud tan grande, a favor de los particulares, que con ello se inyectaría una “ola” compradora que impulsaría en alta medida la actividad general. En consecuencia, con impuestos más bajos, crecería la recaudación.
En la realidad, los pronósticos no fueron ratificados por los hechos; pues no se logró el efecto buscado y el desequilibrio del presupuesto federal se hizo cada vez mayor. El déficit, que en 1980 ascendía a u$s 68.8 miles de millones, comenzó una rauda carrera que culminó en 1993, cuando llegó a u$s 326.8 miles de millones; todo lo cual, obligó a cubrirlos con crédito y los intereses pagados pasaron de representar del 6 al 16 por ciento del gasto público total. Le tocó a la Administración Clinton conjurar la situación y lo hizo, además de eliminar exenciones, incrementando en un 20.0% la carga tributaria, pero solamente al quintil de la cúspide; es decir el de los más ricos. Ya en 1984 el déficit había descendido a u$s 226.5 miles de millones; en 1998 se había revertido arrojando un superávit de u$s 54.4 miles de millones; y al transferir el gobierno a George Bush (hijo), el mismo llegaba a u$s 150 mil millones.
La Administración de éste volvió a las andadas y decidió reintegrar -a esa franja de contribuyentes de la cúspide- lo que “le habían cobrado demás”¸ reduciendo nuevamente el nivel de las alícuotas marginales máximas. Sin considerar los gastos que ha provocado la invasión y ocupación de Irak, en solo cuatro años de su gestión, se han batido todos los records; pues el resultado negativo del ejercicio -que cierra el 30 de este mes- se estima rondará los u$s 500 mil millones. En resumen: la historia de estas dos grandes rebajas impositivas, cosecharon sendos y rotundos fracasos. Los integrantes de la Unión Europea y Japón, durante los tres últimas décadas, han sido mucho mas prudentes. Introdujeron variantes graduales y de proporciones muy inferiores que han procurado mantener sin cambios sustanciales el diseño de sus respectivos sistemas tributarios. Alemania, por ejemplo, resolvió disminuir la alícuota marginal máxima del 52 al 45 por ciento en un lapso de cinco años. La preocupación es darle permanencia a las “reglas de juego” y no aceptar presiones o sugerencias de sectores interesados. El diseño de las reformas introducidas, se han dejado en manos de equipos altamente especializados que sopesan necesidades presentes y futuras. Ello ha evitado que, pese a los cambios políticos habidos en muchos de los quince integrantes de la Unión Europea, no hayan generado contradictorios “bandazos”; como los que han caracterizado a Estados Unidos desde 1980 en adelante.
El tratamiento del I.V.A. en el mundo.
La generalización de esta modalidad de imposición al consumo no ha llegado a la primera potencia mundial; único país del OCDE que no lo adoptó. El primero que lo introdujo fue Francia para sustituir el que recaía sobre las transacciones brutas en las diversas etapas. Al constituirse el Mercado Común Europeo, se aplicó en forma progresiva por todos sus integrantes, siendo Italia y el Reino Unido los más renuentes. Se adjudica a este instrumento una buena parte del grado de integración logrado en el área.
Esta adopción generalizada no significa que hayan equiparado las tasas que rigen en cada uno de ellos; pues se han reservado la facultad de fijar una o más tasas generales y diferenciales. Corresponden a Suecia y Dinamarca las más elevadas (25.0%), le sigue Finlandia con 22.0% y en los sucesivos escalones descendentes, Bélgica con 21.0%; Italia y Austria, 20.0%; Francia, 19.6%; Reino Unido y Grecia, 18.0%; Alemania y España, 16.0%
De dichas experiencias internacionales hay mucho por aprender. Entre ellas, que los alimentos y medicamentos, son objeto de una consideración especial por su fuerte impacto en la economía familiar. Las alícuotas difieren, pero siempre son inferiores: van del 4.0 al 10.0% según el país o los productos que comprenden. En todos los casos, implican reducciones superiores al 50.0%.
En Argentina, al implementarse el I.V.A. -en 1975- la Ley Nº 20.631, en su artículo 32º, facultaba al Poder Ejecutivo reducir la tasa general (13.0%) hasta en un 50.0% cuando se tratara de “...promover u orientar la actividad económica o cuando sea conveniente para contener aumentos en los precios de los artículos de primera necesidad en le mercado Interno”. Este tratamiento se concretó para alimentos y medicamentos; posteriormente dichos rubros llegaron a estar totalmente exentos.
El Gobierno del Proceso, mediante la Ley Nº 22.294 (B.O. 06/10/80), volvió atrás dicho criterio en forma rotunda. Los argumentos de la Nota de Elevación al Presidente, sugestivamente suscripta por quiénes muy poco conocían del tema -los generales Albano Harguindeguy y Llamil Reston, además de Juan R.Amadeo- son suficientemente reveladores y no necesitan ningún comentario adicional. Dicen que “El impuesto al valor agregado está estructurado para ser aplicado en forma generalizada. Las exenciones generan problemas administrativos y económicos de difícil solución...en comercios que venden artículos gravados con dicho impuesto y otros no gravados, como es el caso actualmente de los comestibles, el control se hace extremadamente difícil.” Agregan sobre el particular que “...las exenciones generan distorsiones de diversa índole” y “la distorsión de precios relativos a que lleva, influye en la demanda y por ende, en la estructura productiva en forma muchas veces no deseada”.
Surge con claridad que han primado razones de tipo administrativo, que se refleja en la permanente presión “simplificadora”. Los objetivos de tipo social, como es el caso de aliviar la carga sobre los componentes de la “canasta familiar”, se califican de “distorsión de precios relativos” y, justamente en ese momento, se elevó la tasa general del 16 al 20%.
Actualmente las exenciones tienen estrictas limitaciones. Incluyen -entre ellas- el agua ordinaria natural; la leche, solo cuando el comprador sea un consumidor final; las especialidades medicinales en las distintas etapas de comercialización si el importador o fabricante pagó el impuesto; también los establecimientos educativos y los servicios de asistencia sanitaria en forma parcial, la actividad teatral, los taxistas (hasta un radio de 100 kms.) y el transporte internacional. Queda claro, por lo tanto, que nuestra legislación no contempla una desgravación amplia de los consumos propios de las franjas mas carecientes; modalidad que solo adoptan Chile y Uruguay, en América Latina. En México están totalmente exentos (tasa general 15.0%); y en Colombia se siguen criterios semejantes a los países europeos. Esta conclusión no puede dejar de vincularse al hecho de que la carga tributaria, para quiénes integran en Argentina el decil mas pobre, representa 34.0% de su ingreso bruto y el I.V.A. constituye su principal factor.
La propuesta inicial y su posterior insólito archivo.
Sugerido por diversos sectores -incluso con el apoyo de los empresarios de la Cámara de la Alimentación y la que agrupa los Hiper y Supermercados- se sugirió al Ministro de Economía una reducción al 10,5% en la alícuota para 59 artículos que integran la “canasta familiar”que los beneficiaría con un descenso de precios del 17.0%.
Sin aclararse quién la apadrinó, apareció de repente como alternativa a la propuesta anterior, la posibilidad de reducir en 2 ó 3 puntos la alícuota general del 21.0%. El propio Lavagna, en el 2002, la ubicó fugazmente en el 19.0%; y debió dejarla sin efecto a los pocos meses por inocua. Además, significa una merma de $ 1.500 millones por punto.
Esta mala experiencia fue recordada en distintos ámbitos, incluso la propia Unión Industrial; fundados en ese antecedente y en que las de menor magnitud -vgr. Estados Unidos en 1981- no sirven para influir sobre los precios. En cambio, hubo unanimidad en insistir sobre aplicar el 10.5% en los artículos de la “canasta familiar”; que “costarían” solo $ 240 millones anuales de menor recaudación. Sin considerar esta posibilidad, el Ministro desechó la rebaja general debido a su “alto costo”.
¿Por qué archivó definitivamente el tema y no adoptó la idea inicial?. ¿Quién habrá lanzado la que surgió sin patrocinador conocido -casi por “arte de magia”- y fue útil únicamente para “embarrar la cancha”?, Ha sido funcional como falsa excusa para también descartar, de un plumazo, la más viable; que tenía un plausible objetivo social, sin obligarse a dar ninguna explicación.
No es para creer en brujas, pero que las hay, las hay...
LA INEXPLICABLE DECISIÓN SOBRE EL I.V.A.
por Salvador Treber
Profesor de Postgrado-F.C.E.-U.NCBA.
El decano entre los Premios Nóbel de la especialidad, Paul A. Samuelson, en su clásico Manual de “Economía” -autoría que comparte con William D. Nordhaus, 14º Edición pág. 397- se refiere específicamente a “La Revolución Fiscal de los Años Ochenta” ocurrida en Estados Unidos.
En tal sentido menciona que en ese período “...se fraguó una serie de reformas fiscales con la radical legislación aprobada tanto en 1981 como en 1986”; cuya inspiración y concreción, según lo señala enfáticamente, fue la principal característica de “la década conservadora”. Se inició durante la presidencia de Ronald Reagan y tuvo continuidad en la posterior de George Bush (padre).
El fundamento téórico era la denominada teoría “ofertista” y su principal expositor Arthur Lauffer. Consistía en priorizar los aspectos microeconómicos como factores decisivos y relegar, a un segundo plano, las medidas macroeconómicas que se manejan mediante las políticas monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos.
Para la referida tesis, lo importante era potenciar al máximo la productividad y eficiencia de las empresas; adjudicando al Estado la misión de coadyuvar a bajar sus costos y el acceso a insumos y servicios al menor precio posible. El circuito “virtuoso” se cerraba disminuyendo los tributos para que los demandantes pudieran disponer de un ingreso creciente que respondiera positivamente a los atractivos de esa oferta.
Como consecuencia directa de ello, se encaró una primera reducción de los impuestos federales vigentes en 1981. Con ese objetivo descendieron las diversas escalas de imposición a la renta personal en un 25%, pero los resultados no fueron los esperados. El examen de éstos, los llevó a la conclusión que no se cumplió con las expectativas porque se requería un ajuste mucho mayor para que la tesis “ofertista” diera los frutos buscados.
A estas circunstancias obedecieron las resueltas en 1986, que llevaron la tasa marginal de la imposición personal a la renta máxima del 50 al 28 por ciento y en las sociedades del 46 al 34 por ciento. Las diferencias mencionadas ponen en evidencia la importancia de las rebajas introducidas y la confianza que se tenía en ese planteo. Se suponía, al liberarse fondos en una magnitud tan grande, a favor de los particulares, que con ello se inyectaría una “ola” compradora que impulsaría en alta medida la actividad general. En consecuencia, con impuestos más bajos, crecería la recaudación.
En la realidad, los pronósticos no fueron ratificados por los hechos; pues no se logró el efecto buscado y el desequilibrio del presupuesto federal se hizo cada vez mayor. El déficit, que en 1980 ascendía a u$s 68.8 miles de millones, comenzó una rauda carrera que culminó en 1993, cuando llegó a u$s 326.8 miles de millones; todo lo cual, obligó a cubrirlos con crédito y los intereses pagados pasaron de representar del 6 al 16 por ciento del gasto público total. Le tocó a la Administración Clinton conjurar la situación y lo hizo, además de eliminar exenciones, incrementando en un 20.0% la carga tributaria, pero solamente al quintil de la cúspide; es decir el de los más ricos. Ya en 1984 el déficit había descendido a u$s 226.5 miles de millones; en 1998 se había revertido arrojando un superávit de u$s 54.4 miles de millones; y al transferir el gobierno a George Bush (hijo), el mismo llegaba a u$s 150 mil millones.
La Administración de éste volvió a las andadas y decidió reintegrar -a esa franja de contribuyentes de la cúspide- lo que “le habían cobrado demás”¸ reduciendo nuevamente el nivel de las alícuotas marginales máximas. Sin considerar los gastos que ha provocado la invasión y ocupación de Irak, en solo cuatro años de su gestión, se han batido todos los records; pues el resultado negativo del ejercicio -que cierra el 30 de este mes- se estima rondará los u$s 500 mil millones. En resumen: la historia de estas dos grandes rebajas impositivas, cosecharon sendos y rotundos fracasos. Los integrantes de la Unión Europea y Japón, durante los tres últimas décadas, han sido mucho mas prudentes. Introdujeron variantes graduales y de proporciones muy inferiores que han procurado mantener sin cambios sustanciales el diseño de sus respectivos sistemas tributarios. Alemania, por ejemplo, resolvió disminuir la alícuota marginal máxima del 52 al 45 por ciento en un lapso de cinco años. La preocupación es darle permanencia a las “reglas de juego” y no aceptar presiones o sugerencias de sectores interesados. El diseño de las reformas introducidas, se han dejado en manos de equipos altamente especializados que sopesan necesidades presentes y futuras. Ello ha evitado que, pese a los cambios políticos habidos en muchos de los quince integrantes de la Unión Europea, no hayan generado contradictorios “bandazos”; como los que han caracterizado a Estados Unidos desde 1980 en adelante.
El tratamiento del I.V.A. en el mundo.
La generalización de esta modalidad de imposición al consumo no ha llegado a la primera potencia mundial; único país del OCDE que no lo adoptó. El primero que lo introdujo fue Francia para sustituir el que recaía sobre las transacciones brutas en las diversas etapas. Al constituirse el Mercado Común Europeo, se aplicó en forma progresiva por todos sus integrantes, siendo Italia y el Reino Unido los más renuentes. Se adjudica a este instrumento una buena parte del grado de integración logrado en el área.
Esta adopción generalizada no significa que hayan equiparado las tasas que rigen en cada uno de ellos; pues se han reservado la facultad de fijar una o más tasas generales y diferenciales. Corresponden a Suecia y Dinamarca las más elevadas (25.0%), le sigue Finlandia con 22.0% y en los sucesivos escalones descendentes, Bélgica con 21.0%; Italia y Austria, 20.0%; Francia, 19.6%; Reino Unido y Grecia, 18.0%; Alemania y España, 16.0%
De dichas experiencias internacionales hay mucho por aprender. Entre ellas, que los alimentos y medicamentos, son objeto de una consideración especial por su fuerte impacto en la economía familiar. Las alícuotas difieren, pero siempre son inferiores: van del 4.0 al 10.0% según el país o los productos que comprenden. En todos los casos, implican reducciones superiores al 50.0%.
En Argentina, al implementarse el I.V.A. -en 1975- la Ley Nº 20.631, en su artículo 32º, facultaba al Poder Ejecutivo reducir la tasa general (13.0%) hasta en un 50.0% cuando se tratara de “...promover u orientar la actividad económica o cuando sea conveniente para contener aumentos en los precios de los artículos de primera necesidad en le mercado Interno”. Este tratamiento se concretó para alimentos y medicamentos; posteriormente dichos rubros llegaron a estar totalmente exentos.
El Gobierno del Proceso, mediante la Ley Nº 22.294 (B.O. 06/10/80), volvió atrás dicho criterio en forma rotunda. Los argumentos de la Nota de Elevación al Presidente, sugestivamente suscripta por quiénes muy poco conocían del tema -los generales Albano Harguindeguy y Llamil Reston, además de Juan R.Amadeo- son suficientemente reveladores y no necesitan ningún comentario adicional. Dicen que “El impuesto al valor agregado está estructurado para ser aplicado en forma generalizada. Las exenciones generan problemas administrativos y económicos de difícil solución...en comercios que venden artículos gravados con dicho impuesto y otros no gravados, como es el caso actualmente de los comestibles, el control se hace extremadamente difícil.” Agregan sobre el particular que “...las exenciones generan distorsiones de diversa índole” y “la distorsión de precios relativos a que lleva, influye en la demanda y por ende, en la estructura productiva en forma muchas veces no deseada”.
Surge con claridad que han primado razones de tipo administrativo, que se refleja en la permanente presión “simplificadora”. Los objetivos de tipo social, como es el caso de aliviar la carga sobre los componentes de la “canasta familiar”, se califican de “distorsión de precios relativos” y, justamente en ese momento, se elevó la tasa general del 16 al 20%.
Actualmente las exenciones tienen estrictas limitaciones. Incluyen -entre ellas- el agua ordinaria natural; la leche, solo cuando el comprador sea un consumidor final; las especialidades medicinales en las distintas etapas de comercialización si el importador o fabricante pagó el impuesto; también los establecimientos educativos y los servicios de asistencia sanitaria en forma parcial, la actividad teatral, los taxistas (hasta un radio de 100 kms.) y el transporte internacional. Queda claro, por lo tanto, que nuestra legislación no contempla una desgravación amplia de los consumos propios de las franjas mas carecientes; modalidad que solo adoptan Chile y Uruguay, en América Latina. En México están totalmente exentos (tasa general 15.0%); y en Colombia se siguen criterios semejantes a los países europeos. Esta conclusión no puede dejar de vincularse al hecho de que la carga tributaria, para quiénes integran en Argentina el decil mas pobre, representa 34.0% de su ingreso bruto y el I.V.A. constituye su principal factor.
La propuesta inicial y su posterior insólito archivo.
Sugerido por diversos sectores -incluso con el apoyo de los empresarios de la Cámara de la Alimentación y la que agrupa los Hiper y Supermercados- se sugirió al Ministro de Economía una reducción al 10,5% en la alícuota para 59 artículos que integran la “canasta familiar”que los beneficiaría con un descenso de precios del 17.0%.
Sin aclararse quién la apadrinó, apareció de repente como alternativa a la propuesta anterior, la posibilidad de reducir en 2 ó 3 puntos la alícuota general del 21.0%. El propio Lavagna, en el 2002, la ubicó fugazmente en el 19.0%; y debió dejarla sin efecto a los pocos meses por inocua. Además, significa una merma de $ 1.500 millones por punto.
Esta mala experiencia fue recordada en distintos ámbitos, incluso la propia Unión Industrial; fundados en ese antecedente y en que las de menor magnitud -vgr. Estados Unidos en 1981- no sirven para influir sobre los precios. En cambio, hubo unanimidad en insistir sobre aplicar el 10.5% en los artículos de la “canasta familiar”; que “costarían” solo $ 240 millones anuales de menor recaudación. Sin considerar esta posibilidad, el Ministro desechó la rebaja general debido a su “alto costo”.
¿Por qué archivó definitivamente el tema y no adoptó la idea inicial?. ¿Quién habrá lanzado la que surgió sin patrocinador conocido -casi por “arte de magia”- y fue útil únicamente para “embarrar la cancha”?, Ha sido funcional como falsa excusa para también descartar, de un plumazo, la más viable; que tenía un plausible objetivo social, sin obligarse a dar ninguna explicación.
No es para creer en brujas, pero que las hay, las hay...
jueves, 30 de abril de 2009
Los que hacen la tarea
Por José Pablo Feinmann - Noviembre del 2007
No todas las tareas son iguales, no todas entregan a quienes las hacen la misma retribución, el mismo cálido, honorífico reconocimiento. Todo hombre desea ser reconocido. Incluso Hegel dijo que en eso consistía la historia humana: en el deseo de ser reconocido por el Otro. Pero, en la polis, hay reconocimientos que se retacean porque otorgarlos revelaría aspectos sombríos, incómodos. Hay tareas sucias. No todos están dispuestos a hacerlas porque no todos se atreven al verdadero sacrificio por la patria, acaso al más grande: al oscuro, al secreto, al que nadie ponderará. Hacia fines de 1974 la Argentina era un campo de batalla en el que la vida se tomaba ligeramente, con liviana crueldad, porque nada valía. Creo, seriamente lo creo, que debo decir por qué estoy metiendo al lector en una historicidad amarga, de recuerdo doloroso. Ando, desde hace tiempo, preparando materiales para un libro sobre la historia del peronismo. Se trataría, en lo posible, de reflexionar acerca de los materiales que van surgiendo. A esta reflexión sobre los hechos (y a otros elementos que se le suman) se le podría dar el nombre de Filosofía política. Pero esto es lo de menos. La cuestión –lo que aquí interesa– viene por otro lado. Hay un acopio de materiales y ese acopio exige meterse entre papeles, documentos y hasta hablar con algunas personas, preguntarles qué hacían durante el año, digamos, 1953 o 1956 o 1974. Detengámonos aquí, en este año, en 1974. Aquí es cuando la Argentina era un campo de batalla: el 1o de julio muere Perón. El 4 de julio la presidenta (la heredera de Perón, la vice que él se puso y que ahora gobierna, Isabel Martínez) confirma a López Rega como su secretario privado. Mala noticia para muchos: nadie ignoraba que López Rega manejaba la organización terrorista Triple A, que era un ejército de mercenarios que mataban sin cesar, y deseaban por tal motivo la caída del secretario de la presidenta. No: ella lo confirma. También mataba la guerrilla. Mataba tan irracionalmente como para matar a Arturo Mor Roig, que había sido ministro del Interior de Lanusse. El 31 de julio la Triple A mata a Rodolfo Ortega Peña, un hombre brillante, un notable historiador, un estilista. El ERP secuestra al mayor Larrabure. En septiembre el siniestro brigadier Lacabanne asume como interventor en Córdoba. Es un hombre comprometido con la Triple A, uno de los suyos, un asesino. Atilio López, un tipo bueno, un auténtico negrazo peronista, con bigotes, panza, cordobés, derrocado malamente por algo que se llamó el “Navarrazo”, recibe entre ochenta y cien balazos de la Triple A. Ni la cara le dejan. Sucede el 16 de septiembre, aniversario de la Revolución Libertadora. Al día siguiente asume un nazi en la Universidad de Buenos Aires, Alberto Ottalagano, más cercanamente recordado porque hizo el saludo hitleriano en medio de la campaña de Luder, en el ’83. Los Montoneros secuestran a los hermanos Born. Matan al médico policial Alejandro Bartosch. La Triple A mata a Julio Troxler, uno de los dos o tres que se habían salvado de la “operación masacre” de José León Suárez, en el ’56. Matan a Silvio Frondizi. En octubre, el ERP 22 de Agosto mata a Jordán Bruno Genta, un nacionalsocialista nativo que enseñaba a los militares las doctrinas del Führer alemán. Los Montoneros matan a Villar, policía formado por la OAS y la Escuela de las Américas, colocado por Perón en el más alto escalón de la Policía Federal. Montoneros roba y luego devuelve el cadáver de Aramburu. El ERP, en Tucumán, mata al capitán Viola y a su hija de tres años, otra queda malherida. En diciembre, el ERP 22 de Agosto mata a Carlos Sacheri, un profesor de filosofía, hombre de la derecha argentina que dictaba clases a los militares. Estos eran los tiempos. Durante ellos, en una revista de nombre Carta política, a fines de 1974, un periodista, que también daba cursos a los militares, con un estilo cuidadoso, con una prosa de una precisión, de una minuciosidad admirables, publica un texto (él es el director de la publicación) que titula: Meditación del elegido.
No se trata de un “artículo periodístico”. De eso que se llama una “nota”. Ni siquiera es un “editorial”. Es mucho más: es una meditación. Palabra venerable que remite a la filosofía y, muy especialmente, a la religiosidad. Tiene un aire medieval, tomista, que impone respeto, cierta distancia, la distancia de lo sereno, de la cautela, no el apresuramiento de lo periodístico, sino la hondura del silencio recoleto, austero. El efecto escalofriante del texto se produce por la austeridad del estilo y los hechos criminales a los que alude. Pocas veces el asesinato fue reclamado con tanto ascetismo, bajo la forma serena pero poderosa de una plegaria laica.
El autor del texto es Mariano Grondona, largamente conocido en este país. Tomaremos sólo algunos párrafos de su homilía. El “elegido” es José López Rega, el ministro de Bienestar Social, creador, junto con el comisario Alberto Villar y bajo la mirada insoslayable de Juan Perón (no podía “no saber” lo que se hacía bajo sus propios ojos, participara o no de los hechos), de la Triple A. La organización había actuado sin desbocarse en vida de Perón, aunque realizara acciones terribles y hasta espectaculares. Perón, además, hizo tomar los datos de la periodista Ana Guzzeti, quien se atrevió a preguntarle si actuaban fuerzas parapoliciales en el país. A partir de la muerte del viejo líder la Triple A se entregó a una matanza incontenible. Muchos, gente del establishment, militares, sindicalistas, habitantes aterrorizados de todo el país, pidieron o desearon la caída de López Rega, sabiéndolo el líder de los asesinos. Alguien, no obstante, surgió para decir cautamente: “La caída, que muchos desean, entrañaría peligros”. Fue Mariano Grondona en su revista Carta política. Un liberal, un hombre de la democracia, un hombre del riñón oligárquico, un ideólogo de las Fuerzas Armadas, sale a defender a un fascista muñecoide, a un patético Adolf Hitler de opereta, un monje umbandista, un tipo que sólo parecía ser útil para masajear la próstata del General, a quien llamaba “Faraón”. Describe como “serie de desenvolvimientos” los actos que López ha promovido. Dice que los mismos “se aprueban en voz baja y se critican en voz alta”. Le encuentra, a López, una “estirpe”: “De la estirpe de los Ottalagano y los Lacabanne, José López Rega es uno de esos luchadores que recogen, por lo general, la ingratitud del sistema al que protegen”. Dura tarea la de López: tiene que ordenar muertes, torturas, desapariciones y nada puede esperar. El bronce será para otros. “Hay hombres (se lee en la Meditación) cuyo destino es hacer la tarea. Otros tienen la vocación de coronarla.” Observemos la justeza de la prosa. Dos frases breves. Cada una dice lo suyo. Una habla de un “destino” y de una “tarea”. El “elegido” es el que –precisamente– ha sido “elegido” para la “tarea”. Debemos respetar su soledad, su sacrificio austero: no busca la gloria, esa coronación que la segunda frase menciona. No quiere ser coronado, sólo quiere cumplir. Cumplir con el destino para el que ha sido elegido. Muchos quieren librarse de él. No entienden las sinuosidades de la Historia. Hay grandes hombres que coronan grandes sucesos. Hay pequeños hombres que les preparan el camino haciendo el trabajo sucio, sólo les queda la poética de las zanjas, el amontonamiento de cadáveres clandestinos. “López Rega” (sigue meditando el meditador) “cumple al lado de la presidenta el papel de meter la mano en tareas antipáticas (...) Sería por lo menos arriesgado prescindir, hoy, de este servicio”. Pocas veces –insistamos en esto– la muerte fue requerida con tan buena prosa. Durante esos días las listas de la Triple A eran groseras, toscas. La revista El Caudillo, que dirigía un matón de nombre Felipe Romeo, decía, antes de que Ortega Peña fuera asesinado, que los “buenos peronistas” ya tenían una bala para él. O también: “El que le teme a la Triple A por algo será”, frase que haría historia en la Argentina del Proceso, que coronó los esfuerzos de López, sobredimensionados hasta lo monstruoso. Lejos de toda esta chatarra deslenguada y patotera, gangsteril, la Meditación de Grondona fue el apoyo más elegante que López Rega pudo haber recibido. Difícil saber si el “elegido” la valoró adecuadamente. Era muy tosco el hombre, un matarife sin grandeza, sólo un clown sanguinario. Sin embargo, fue el exacto hombre que en ese momento la Historia requirió para “hacer la tarea”, fue “el elegido”. No dejó de advertirlo Grondona. Quien, como vemos, también supo siempre y también sabe ahora “hacer la tarea”.
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Perseveremos en la Meditación del elegido, ese texto de 1974, por medio del cual el director de la revista Carta Política, que lo publicó, dedica una homilía laica, una “meditación”, para respaldar a quien, en ese momento trágico del país, estaba haciendo las tareas sucias, las que muchos criticaban en público pero aplaudían en privado porque eran necesarias. Las “tareas sucias” radicaban en asesinar a milicianos de la guerrilla, a militantes políticos como Julio Troxler, a “perejiles de superficie”, a sindicalistas como Atilio López o a intelectuales como Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña. Esa tarea en ese momento la protagonizaba José López Rega, el “elegido”. El autor de la “meditación” era Mariano Grondona. Sabía, Grondona, que ni bien López librara al establishment de todos los que tenían que morir, que ni bien coronara su tarea sucia, ellos, los dueños de la Argentina, habrían de librarse de él. Actuaba, salvando las grandes distancias, como la aristocracia alemana con Hitler: “Dejemos al torpe cabo de Bohemia matar a todos los comunistas. Luego nosotros, que somos Alemania, lo pondremos en su lugar”. Pero Hitler les resultó incontenible y llevó a Alemania a un ocaso wagneriano sin violines ni bronces, sino con metralla, muertos incontables en Dresden y larga humillación para la patria de Hegel y Goethe. No ocurrió lo mismo con López. Inició la guerra sucia contra la guerrilla, les lanzó a sus parapoliciales, que eran feroces, y después, cuando hubo que profundizar y racionalizar la matanza, tarea que requería a las Fuerzas Armadas y no a un lacayo de un general enfermo y extraviado, lo expulsaron del país. El hombre que se creyó dueño de la Argentina, de la vida y de la muerte, el terror de la guerrilla y sus ideólogos, tuvo que irse sin pena ni gloria. Nadie le agradeció los servicios prestados, los cuales, sin embargo, fueron muchos: Atilio López, Ortega Peña, Julio Troxler entre innumerables más. Le gustaba la muerte a Lopecito y le gustaba matar. Le gustaba hacer listas con los nombres de los que habrían de morir. Le gustaba importar armas novedosas, de alta efectividad, infalibles. Lo dejaron hacer hasta donde fue necesario. Hasta que el gobierno de la señora de Perón se desmoronara, se hundiera en su propia ineficacia, en las zanjas de su propia barbarie. No dejó de advertirlo Roberto Santucho: en julio de 1974, el mismo, desdichado día en que la Triple A mataba a Ortega Peña, dijo que los militares se preparaban para el golpe, que se apropiarían del gobierno no sin antes dejarlo chapotear en el desprestigio, dejar que Lopecito se quemara, que la sociedad lo viera como un matarife desaforado, sin límites –y con él a la manipulable presidenta– para luego presentarse ellos como los garantes de la “gobernabilidad”, de la “racionalidad estamental” que garantizaría el orden y, con el orden, el camino a una verdadera democracia republicana. Mentían. Ya estaban construyendo los campos de concentración. Santucho, en su momento, les daría a los militares un poderoso motivo para el golpe: el asalto a la guarnición de Monte Chingolo (que costó demasiadas vidas de jóvenes militantes arrojados al delirio, impulsados a morir por el narcisismo revolucionario de su jefe, quien se jactaba de implementar un ataque guerrillero “mayor que el asalto al Moncada”) sirvió en bandeja de plata la oportunidad del golpe: ya no se podía esperar más. Videla larga su famosa advertencia: en 90 días habría de actuar. Isabel aprovecha e ilegitima al Partido Auténtico, cuyos integrantes –¡que habían entregado para confeccionar las listas electorales todos sus datos, sus domicilios, su documentación!– fueron barridos por los grupos parapoliciales ya con predominio abiertamente militar a esta altura. López se había ido. La masacre pasaba a manos más expertas. La racionalidad del Mal se instauraba en el país.
¿Por qué Grondona defendió a López? Porque, como ideólogo del sistema de la oligarquía agraria y ganadera, de la Iglesia, de la oligarquía financiera empresarial y de la guerra que el Occidente cristiano libraba contra la penetración marxista en el continente, habría de defender a todo aquel que, en el momento que fuera, encarnara la lucha por esos valores. A fines de 1974, no podían aún encarnarla los militares. Estaba López Rega. Estaba dispuesto a la tarea sucia. Grondona, pues, lo respaldó. El, ahora, era su hombre. Impresentable tal vez, pero necesario. En ese monje esotérico, en ese clown risible, el Occidente cristiano tenía su aliado irremplazable. Era 1974 y era la hora de las bandas. López comandaba la banda que llevaría a los militares al poder, que limpiaría de zurdos, de comunistas el camino. Por eso, en esa exacta, precisa coyuntura de la historia, el “elegido” fue él. Luego vendrían los naturalmente elegidos, los dueños auténticos de la patria, los de siempre. Años después, durante el gobierno de Menem, Grondona ensayó buenos modales, hizo su papel de hombre democrático arrepentido de sus excesos autoritaristas de ayer. Muchos le creyeron. No le crean. No bien sea necesario volverá a ungir a un “elegido”. Puede ser un economista neoliberal, un militar dialoguista, uno de extrema dureza o un payaso sangriento pero efectivo, que sepa allanar el camino. El camino es lo que él llama “democracia liberal de mercado”. Por ella, cualquier cosa.
No todas las tareas son iguales, no todas entregan a quienes las hacen la misma retribución, el mismo cálido, honorífico reconocimiento. Todo hombre desea ser reconocido. Incluso Hegel dijo que en eso consistía la historia humana: en el deseo de ser reconocido por el Otro. Pero, en la polis, hay reconocimientos que se retacean porque otorgarlos revelaría aspectos sombríos, incómodos. Hay tareas sucias. No todos están dispuestos a hacerlas porque no todos se atreven al verdadero sacrificio por la patria, acaso al más grande: al oscuro, al secreto, al que nadie ponderará. Hacia fines de 1974 la Argentina era un campo de batalla en el que la vida se tomaba ligeramente, con liviana crueldad, porque nada valía. Creo, seriamente lo creo, que debo decir por qué estoy metiendo al lector en una historicidad amarga, de recuerdo doloroso. Ando, desde hace tiempo, preparando materiales para un libro sobre la historia del peronismo. Se trataría, en lo posible, de reflexionar acerca de los materiales que van surgiendo. A esta reflexión sobre los hechos (y a otros elementos que se le suman) se le podría dar el nombre de Filosofía política. Pero esto es lo de menos. La cuestión –lo que aquí interesa– viene por otro lado. Hay un acopio de materiales y ese acopio exige meterse entre papeles, documentos y hasta hablar con algunas personas, preguntarles qué hacían durante el año, digamos, 1953 o 1956 o 1974. Detengámonos aquí, en este año, en 1974. Aquí es cuando la Argentina era un campo de batalla: el 1o de julio muere Perón. El 4 de julio la presidenta (la heredera de Perón, la vice que él se puso y que ahora gobierna, Isabel Martínez) confirma a López Rega como su secretario privado. Mala noticia para muchos: nadie ignoraba que López Rega manejaba la organización terrorista Triple A, que era un ejército de mercenarios que mataban sin cesar, y deseaban por tal motivo la caída del secretario de la presidenta. No: ella lo confirma. También mataba la guerrilla. Mataba tan irracionalmente como para matar a Arturo Mor Roig, que había sido ministro del Interior de Lanusse. El 31 de julio la Triple A mata a Rodolfo Ortega Peña, un hombre brillante, un notable historiador, un estilista. El ERP secuestra al mayor Larrabure. En septiembre el siniestro brigadier Lacabanne asume como interventor en Córdoba. Es un hombre comprometido con la Triple A, uno de los suyos, un asesino. Atilio López, un tipo bueno, un auténtico negrazo peronista, con bigotes, panza, cordobés, derrocado malamente por algo que se llamó el “Navarrazo”, recibe entre ochenta y cien balazos de la Triple A. Ni la cara le dejan. Sucede el 16 de septiembre, aniversario de la Revolución Libertadora. Al día siguiente asume un nazi en la Universidad de Buenos Aires, Alberto Ottalagano, más cercanamente recordado porque hizo el saludo hitleriano en medio de la campaña de Luder, en el ’83. Los Montoneros secuestran a los hermanos Born. Matan al médico policial Alejandro Bartosch. La Triple A mata a Julio Troxler, uno de los dos o tres que se habían salvado de la “operación masacre” de José León Suárez, en el ’56. Matan a Silvio Frondizi. En octubre, el ERP 22 de Agosto mata a Jordán Bruno Genta, un nacionalsocialista nativo que enseñaba a los militares las doctrinas del Führer alemán. Los Montoneros matan a Villar, policía formado por la OAS y la Escuela de las Américas, colocado por Perón en el más alto escalón de la Policía Federal. Montoneros roba y luego devuelve el cadáver de Aramburu. El ERP, en Tucumán, mata al capitán Viola y a su hija de tres años, otra queda malherida. En diciembre, el ERP 22 de Agosto mata a Carlos Sacheri, un profesor de filosofía, hombre de la derecha argentina que dictaba clases a los militares. Estos eran los tiempos. Durante ellos, en una revista de nombre Carta política, a fines de 1974, un periodista, que también daba cursos a los militares, con un estilo cuidadoso, con una prosa de una precisión, de una minuciosidad admirables, publica un texto (él es el director de la publicación) que titula: Meditación del elegido.
No se trata de un “artículo periodístico”. De eso que se llama una “nota”. Ni siquiera es un “editorial”. Es mucho más: es una meditación. Palabra venerable que remite a la filosofía y, muy especialmente, a la religiosidad. Tiene un aire medieval, tomista, que impone respeto, cierta distancia, la distancia de lo sereno, de la cautela, no el apresuramiento de lo periodístico, sino la hondura del silencio recoleto, austero. El efecto escalofriante del texto se produce por la austeridad del estilo y los hechos criminales a los que alude. Pocas veces el asesinato fue reclamado con tanto ascetismo, bajo la forma serena pero poderosa de una plegaria laica.
El autor del texto es Mariano Grondona, largamente conocido en este país. Tomaremos sólo algunos párrafos de su homilía. El “elegido” es José López Rega, el ministro de Bienestar Social, creador, junto con el comisario Alberto Villar y bajo la mirada insoslayable de Juan Perón (no podía “no saber” lo que se hacía bajo sus propios ojos, participara o no de los hechos), de la Triple A. La organización había actuado sin desbocarse en vida de Perón, aunque realizara acciones terribles y hasta espectaculares. Perón, además, hizo tomar los datos de la periodista Ana Guzzeti, quien se atrevió a preguntarle si actuaban fuerzas parapoliciales en el país. A partir de la muerte del viejo líder la Triple A se entregó a una matanza incontenible. Muchos, gente del establishment, militares, sindicalistas, habitantes aterrorizados de todo el país, pidieron o desearon la caída de López Rega, sabiéndolo el líder de los asesinos. Alguien, no obstante, surgió para decir cautamente: “La caída, que muchos desean, entrañaría peligros”. Fue Mariano Grondona en su revista Carta política. Un liberal, un hombre de la democracia, un hombre del riñón oligárquico, un ideólogo de las Fuerzas Armadas, sale a defender a un fascista muñecoide, a un patético Adolf Hitler de opereta, un monje umbandista, un tipo que sólo parecía ser útil para masajear la próstata del General, a quien llamaba “Faraón”. Describe como “serie de desenvolvimientos” los actos que López ha promovido. Dice que los mismos “se aprueban en voz baja y se critican en voz alta”. Le encuentra, a López, una “estirpe”: “De la estirpe de los Ottalagano y los Lacabanne, José López Rega es uno de esos luchadores que recogen, por lo general, la ingratitud del sistema al que protegen”. Dura tarea la de López: tiene que ordenar muertes, torturas, desapariciones y nada puede esperar. El bronce será para otros. “Hay hombres (se lee en la Meditación) cuyo destino es hacer la tarea. Otros tienen la vocación de coronarla.” Observemos la justeza de la prosa. Dos frases breves. Cada una dice lo suyo. Una habla de un “destino” y de una “tarea”. El “elegido” es el que –precisamente– ha sido “elegido” para la “tarea”. Debemos respetar su soledad, su sacrificio austero: no busca la gloria, esa coronación que la segunda frase menciona. No quiere ser coronado, sólo quiere cumplir. Cumplir con el destino para el que ha sido elegido. Muchos quieren librarse de él. No entienden las sinuosidades de la Historia. Hay grandes hombres que coronan grandes sucesos. Hay pequeños hombres que les preparan el camino haciendo el trabajo sucio, sólo les queda la poética de las zanjas, el amontonamiento de cadáveres clandestinos. “López Rega” (sigue meditando el meditador) “cumple al lado de la presidenta el papel de meter la mano en tareas antipáticas (...) Sería por lo menos arriesgado prescindir, hoy, de este servicio”. Pocas veces –insistamos en esto– la muerte fue requerida con tan buena prosa. Durante esos días las listas de la Triple A eran groseras, toscas. La revista El Caudillo, que dirigía un matón de nombre Felipe Romeo, decía, antes de que Ortega Peña fuera asesinado, que los “buenos peronistas” ya tenían una bala para él. O también: “El que le teme a la Triple A por algo será”, frase que haría historia en la Argentina del Proceso, que coronó los esfuerzos de López, sobredimensionados hasta lo monstruoso. Lejos de toda esta chatarra deslenguada y patotera, gangsteril, la Meditación de Grondona fue el apoyo más elegante que López Rega pudo haber recibido. Difícil saber si el “elegido” la valoró adecuadamente. Era muy tosco el hombre, un matarife sin grandeza, sólo un clown sanguinario. Sin embargo, fue el exacto hombre que en ese momento la Historia requirió para “hacer la tarea”, fue “el elegido”. No dejó de advertirlo Grondona. Quien, como vemos, también supo siempre y también sabe ahora “hacer la tarea”.
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Perseveremos en la Meditación del elegido, ese texto de 1974, por medio del cual el director de la revista Carta Política, que lo publicó, dedica una homilía laica, una “meditación”, para respaldar a quien, en ese momento trágico del país, estaba haciendo las tareas sucias, las que muchos criticaban en público pero aplaudían en privado porque eran necesarias. Las “tareas sucias” radicaban en asesinar a milicianos de la guerrilla, a militantes políticos como Julio Troxler, a “perejiles de superficie”, a sindicalistas como Atilio López o a intelectuales como Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña. Esa tarea en ese momento la protagonizaba José López Rega, el “elegido”. El autor de la “meditación” era Mariano Grondona. Sabía, Grondona, que ni bien López librara al establishment de todos los que tenían que morir, que ni bien coronara su tarea sucia, ellos, los dueños de la Argentina, habrían de librarse de él. Actuaba, salvando las grandes distancias, como la aristocracia alemana con Hitler: “Dejemos al torpe cabo de Bohemia matar a todos los comunistas. Luego nosotros, que somos Alemania, lo pondremos en su lugar”. Pero Hitler les resultó incontenible y llevó a Alemania a un ocaso wagneriano sin violines ni bronces, sino con metralla, muertos incontables en Dresden y larga humillación para la patria de Hegel y Goethe. No ocurrió lo mismo con López. Inició la guerra sucia contra la guerrilla, les lanzó a sus parapoliciales, que eran feroces, y después, cuando hubo que profundizar y racionalizar la matanza, tarea que requería a las Fuerzas Armadas y no a un lacayo de un general enfermo y extraviado, lo expulsaron del país. El hombre que se creyó dueño de la Argentina, de la vida y de la muerte, el terror de la guerrilla y sus ideólogos, tuvo que irse sin pena ni gloria. Nadie le agradeció los servicios prestados, los cuales, sin embargo, fueron muchos: Atilio López, Ortega Peña, Julio Troxler entre innumerables más. Le gustaba la muerte a Lopecito y le gustaba matar. Le gustaba hacer listas con los nombres de los que habrían de morir. Le gustaba importar armas novedosas, de alta efectividad, infalibles. Lo dejaron hacer hasta donde fue necesario. Hasta que el gobierno de la señora de Perón se desmoronara, se hundiera en su propia ineficacia, en las zanjas de su propia barbarie. No dejó de advertirlo Roberto Santucho: en julio de 1974, el mismo, desdichado día en que la Triple A mataba a Ortega Peña, dijo que los militares se preparaban para el golpe, que se apropiarían del gobierno no sin antes dejarlo chapotear en el desprestigio, dejar que Lopecito se quemara, que la sociedad lo viera como un matarife desaforado, sin límites –y con él a la manipulable presidenta– para luego presentarse ellos como los garantes de la “gobernabilidad”, de la “racionalidad estamental” que garantizaría el orden y, con el orden, el camino a una verdadera democracia republicana. Mentían. Ya estaban construyendo los campos de concentración. Santucho, en su momento, les daría a los militares un poderoso motivo para el golpe: el asalto a la guarnición de Monte Chingolo (que costó demasiadas vidas de jóvenes militantes arrojados al delirio, impulsados a morir por el narcisismo revolucionario de su jefe, quien se jactaba de implementar un ataque guerrillero “mayor que el asalto al Moncada”) sirvió en bandeja de plata la oportunidad del golpe: ya no se podía esperar más. Videla larga su famosa advertencia: en 90 días habría de actuar. Isabel aprovecha e ilegitima al Partido Auténtico, cuyos integrantes –¡que habían entregado para confeccionar las listas electorales todos sus datos, sus domicilios, su documentación!– fueron barridos por los grupos parapoliciales ya con predominio abiertamente militar a esta altura. López se había ido. La masacre pasaba a manos más expertas. La racionalidad del Mal se instauraba en el país.
¿Por qué Grondona defendió a López? Porque, como ideólogo del sistema de la oligarquía agraria y ganadera, de la Iglesia, de la oligarquía financiera empresarial y de la guerra que el Occidente cristiano libraba contra la penetración marxista en el continente, habría de defender a todo aquel que, en el momento que fuera, encarnara la lucha por esos valores. A fines de 1974, no podían aún encarnarla los militares. Estaba López Rega. Estaba dispuesto a la tarea sucia. Grondona, pues, lo respaldó. El, ahora, era su hombre. Impresentable tal vez, pero necesario. En ese monje esotérico, en ese clown risible, el Occidente cristiano tenía su aliado irremplazable. Era 1974 y era la hora de las bandas. López comandaba la banda que llevaría a los militares al poder, que limpiaría de zurdos, de comunistas el camino. Por eso, en esa exacta, precisa coyuntura de la historia, el “elegido” fue él. Luego vendrían los naturalmente elegidos, los dueños auténticos de la patria, los de siempre. Años después, durante el gobierno de Menem, Grondona ensayó buenos modales, hizo su papel de hombre democrático arrepentido de sus excesos autoritaristas de ayer. Muchos le creyeron. No le crean. No bien sea necesario volverá a ungir a un “elegido”. Puede ser un economista neoliberal, un militar dialoguista, uno de extrema dureza o un payaso sangriento pero efectivo, que sepa allanar el camino. El camino es lo que él llama “democracia liberal de mercado”. Por ella, cualquier cosa.
lunes, 27 de abril de 2009
Sojización y Dengue
Una mancha más para el complejo sojero:
por Alberto J. Lapolla (Ingeniero Agrónomo genetista e Historiador. Director del Instituto de Formación de la Central de Movimientos Populares) - 20/04/2009
por Alberto J. Lapolla (Ingeniero Agrónomo genetista e Historiador. Director del Instituto de Formación de la Central de Movimientos Populares) - 20/04/2009
En los ùltimos dos años la invasión de mosquitos de las especies Aedes sp y Culex sp. invadieron amplios espacios de nuestro país especialmente de Pampa Húmeda, extendiéndose mucho màs allá del verano, que es la estación donde suelen aflorar masivamente. El fenómeno fue particularmente notable en 2008 cuando la invasión duró casi hasta el mes de mayo, pese a que la temperatura había descendido lo suficiente como para acabar con ellos. Para quienes seguimos de cerca el desarrollo de los hechos ambientales argentinos, el hecho no pasó desapercibido y tratamos de llamar la atención respecto de ¿qué ocurriría si la especie a propagarse no fuera la perteneciente al Aedes común o al Culex ‘doméstico’ sino el temible Aedes aegypti, vector de la Fiebre Amarilla y el Dengue?. Incluso en 2007 y 2008 hubo casos de fiebre amarilla en Bolivia, Paraguay, Brasil y Norte argentino, que se adjudicó a viajeros provenientes de los países hermanos. En la oportunidad señalamos la equivalencia del mapa correspondiente a la invasión mosquitera, con el que la multinacional Syngenta llamaba de ‘la Repùblica Unida de la Soja’, es decir, la región comprendida po las zonas de Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay sembradas con el mágico poroto transgénico forrajero producido por Monsanto, y rociado abudantemente con su agraciado herbicida ‘matatodo’ glifosato, conocido como Round up, acompañado por sus compañeros de ruta, tales como el 2-4-D, la Atrazina, el Endosulfán, el Paraquat, el Diquuat y el Clorpirifós, entre algunos otros. En ese momento -junto a otros ambientalistas del resto del continente- señalamos la rara coincidencia de ambos mapas, mucho mas notable en el caso de la expansión de la epidemia de Fiebre Amarilla de 2007-2008 y de la epidemia de mosquitos ‘domésticos’ de 2008. Así las cosas, preferimos suponer, que cualquier vinculación del raro fenómeno ambiental con la utilizaciòn masiva y descontrolada del glifosato y el área sojizada, no podía sino ser parte de una conspiración antimosnantiana o de mentes calenturientas que ven catástrofes ambientales por todos lados y no creen lo que dice la empresa multinacional o sus repetidoras de AAPRESID, la FFA, o Clarín Rural, respecto de la ‘absoluta inocuidad’ de los casi trescientos millones de litros de pesticidas arrojados por el complejo sojero sobre el ambiente agropapeano. Pero.. que las hay, las hay..
Así llegamos a la epidemia de dengue de 2009 y ¡oh, casualidad¡, la misma vuelve a coincidir con gran parte del área sojera sudamericana, y se basa en una expansión desorbitada de la población de mosquitos. Cualquier profesor de Ecología o de Biología -no empleado en una multinacional, o en un programa de investigación universitario financiado por ellas- preguntaría, ¿es qué habrá desaparecido algún predador natural del mosquito? o ¿es que el mosquito habrá aumentado su fuente de alimentaciòn de manera dsorbitante? Pues la primera es la pregunta correcta y por ende le corresponde la respuesta correcta, si es que el docente desea hacerse la pregunta, claro está.
El glifosato, la Atrazina, el Endosulfàn, el 2-4-D, el Clorpirifos, el Diquat y el Paraquat, casualmente matan peces y anfibios -sapos, ranas, escuerzos, etc- es decir a los predadores naturales de los mosquitos, a los que consumen tanto en su estado larval como de adultos. Pero si esto es así cómo es que nadie lo advirtió…
Pero hay más, pues la cosa no es tan directa, sino multivariada y compleja como todos los fenómenos ambientales. Si bien la epidemia de dengue que sorpresivamente ha atacado a nuestro país, tiene su origen en la propagación de la epidemia que afecta a la hermana República de Bolivia, la misma tiene su causa principal en el calentamiento global que afecta a nuestro planeta, que al producir el aumento de las temperaturas mínimas y medias extiende las enfermedades llamadas tropicales, (paludismo, fiebre, amarilla, dengue, malaria y otras) hacia las regiones templadas, es decir la Argentina. Esa es la razón principal de porqué volvió el dengue a nuestro país, el cual había sido eliminado durante los años cincuenta gracias a la encomiable labor del Dr., Ramón Carrillo. Sin embargo, cabe ubicar algunas otras relaciones causales del múltiple complejo ambiental que afecta a la expansión de una enfermedad como el dengue.
A las políticas de destrucción del Estado y sus controles aplicadas durante los noventa, que cesaron las fumigaciones preventivas, y a la falta de nuevos productos químicos para combatir al insecto vector Aedes aegypty, que las multinacionales del negocio agrotóxico no desarrollan debido a que según ellas ‘no es negocio, pues los países tropicales, principales destinatarios de los productos son malos pagadores’, debemos en el caso argentino sumar la tremenda expansión del área sojizada en Pampa Húmeda y extensas regiones del NEA y del NOA, lindantes con Bolivia, Brasil y Paraguay.
Así, la sojización mantiene una doble línea de influencia sobre la expansión del dengue. Por un lado el complejo de agrotóxicos utilizados para el sistema de la Siembra directa-sojaRR, se basa en el uso masivo de glifosato, endosulfán, clorpirifos, 2-4-D, atrazina, paraquat, y otros pesticiadas. Todos poseen una fuerte acción devastadora sobre la población de peces y anfibios, predadores naturales de los mosquitos, transmisores del dengue y la fiebre amarilla.
Esto puede comprobarse por la casi desaparición de la población de anfibios en pradera pampeana y en sus cursos de agua principales, ríos, arroyos, lagunas y bosques en galería, así como el elevado número de peces que aparecen muertos en los mismos o por la aparición de los mismos con fuertes deformaciones físicas y con graves afectaciones en su capacidad reproductiva, como han informado reiterados estudios e investigaciones de diversas instituciones de Pampa Húmeda. Podríamos señalar sin exagerar que los anfibios –principales predadores de mosquitos y otros insectos- son cosa del pasado en el territorio sojizado, arrasado por el cocktail de agrotóxicos utilizados por los productores en el sistema de Siembra Directa.
Un segundo elemento del relación entre la sojización y la epidemia de dengue, se ubica en la enorme deforestación producida en las áreas boscosas y de monte de las regiones del NEA y del NOA, lo cual destruye el equilibrio ambiental de esas regiones, liquidando el refugio y hábitat natural de los predadores de otros predadores de los mosquitos, permitiendo el aumento descontrolado de su población, tal como se viene comprobando en los últimos años, sólo que en este último correspondió a la población de Aedes aegypty y no al Aedes común o al Culex, como en años anteriores. El crecimiento desusado de la población de mosquitos es la causa principal de la expansión de la epidemia del dengue según señalan la mayoría de los especialistas y su relación con los agrotòxicos de la soja es casi directa.
Esta relación no es una relación causa-efecto simple, sino parte de las cadenas concatenadas de fenómenos que caracterizan a los procesos ambientales, y que por lo mismo son en general difíciles de estudiar o de señalar, mediante una mirada simplista de la relación causa-efecto, sin embargo es imposible negar la relación entre la destrucción de los predadores de los mosquitos que provoca la sojización por vía de los venenos que se usan para su cultivo, como por obra de la depredación de los montes y bosques nativos que produce su cultivo descontrolado, y por ende su responsabilidad central en la existencia de la actual epidemia de dengue. Una mancha más a cargar en el disparate sojero.
jueves, 2 de abril de 2009
Agrotensiones
Por Plan Fenix - Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires
“Los reclamos por suprimir las retenciones a las exportaciones primarias ocupan, desde hace algún tiempo, un lugar destacado en la agenda de los medios de difusión. Los argumentos al respecto tienen muchas veces un contenido simplista, pero ello no impide que esto sea avalado por partidos políticos, organizaciones intermedias, cámaras empresariales y hasta organizaciones sindicales.”
Así comenzaba un comunicado que emitiéramos desde el Plan Fénix, en marzo de 2005. Cuatro años después, el debate sobre el tema permanece, con mayor vigor, habiendo atravesado instancias dramáticas durante el año 2008, con fuertes reverberaciones en el plano político y partidario. Una y otra vez se han reiterado argumentos a favor o en contra de este instrumento. Así lo hemos hecho también nosotros, exactamente hace un año. Reafirmamos nuestra postura a favor del mantenimiento de las retenciones, graduando su impacto por producto, escala de explotación y región geográfica. Se trata de un instrumento con indudables efectos positivos:
- Permite socializar parte de la renta primaria, que de derecho corresponde a toda la comunidad.
- Introduce un tipo de cambio diferenciado que favorece un desarrollo armónico de agro e industria, transfiriendo al conjunto de la economía la ventaja comparativa agrícola.
- Brinda holgura fiscal al Estado, lo que habilita el financiamiento de inversión productiva y otras prestaciones estatales, sin presionar sobre los mercados financieros.
La historia argentina de las últimas tres décadas avala esta postura: los dos ciclos más exitosos de la economía en términos de crecimiento (1963–1974 y 2003-2008) en los últimos 50 años contaron con la aplicación de tipos de cambio diferenciados mediante retenciones. Sobresale en ambos casos el fuerte impulso resultante para las exportaciones industriales no tradicionales, que crecen en términos reales a un ritmo muy superior al de las exportaciones agrícolas. Es ésta una herramienta insustituible para apuntalar al desarrollo con equidad de la Argentina, sobre la base de un modelo híbrido, que combine ventajas comparativas naturales y aquellas que permiten la actividad de transformación.
En la actual coyuntura se añaden algunos elementos novedosos. La caída de los precios internacionales (que han regresado así a valores próximos a los históricos) ha reducido el margen de ganancias extraordinarias del año pasado. A ello se agrega una sequía inédita, con valores de precipitación pluvial menores en 50 por ciento o más con relación a promedios históricos, que ocasiona la disminución de los volúmenes producidos (particularmente en los casos de trigo y maíz). A la disputa en torno de la posible apropiación de tales ganancias, que produjo la escalada del conflicto, se suman ahora los requerimientos para paliar la situación crítica ocasionada por la mencionada circunstancia climática.
La postura de las patronales rurales, respaldada por parte importante de la oposición política, no ha variado, sin embargo: el reclamo es por la abolición o drástica reducción de las retenciones, sin otros aditamentos. Ante este escenario, el Gobierno ha anunciado recientemente algunas medidas, a partir de reuniones con los representantes rurales, que desgravan parcialmente algunas producciones (pampeanas y extrapampeanas), segmentan la aplicación de retenciones y brindan subsidios para revertir la reducción del stock ganadero. Se mantiene la alícuota para la soja, habiéndose dispuesto en estos días su parcial coparticipación con las administraciones provinciales y municipales.
Entendemos que modificar los principios que sustentan el sistema de retenciones sería equivocado. A los argumentos ya mencionados debemos agregar la profundización de la actual crisis internacional, con impactos recesivos que llegarán inexorablemente a nuestro país. Hoy más que nunca, desguarnecer al Estado constituye un grave paso en falso, que entraña riesgos considerables. No es éste el momento, seguramente, de privilegiar intereses sectoriales, sobre todo cuando nada indica que la supervivencia de los emprendimientos agropecuarios esté bajo amenaza. Sólo los acreedores de la aún impaga deuda social de la Argentina tienen derecho a este tipo de reclamo: hablamos de niveles de pobreza y marginalidad que no pueden ser aceptables.
Ahora bien, los argumentos aquí expuestos no son por cierto desconocidos para la generalidad de los analistas y actores del quehacer económico y social. Cualquier persona razonablemente informada e intelectualmente honesta puede reconocer su validez, más allá de los matices con los que el instrumento de las retenciones puede ser aplicado. Cualquier persona sabe que la supresión de las retenciones no paliará los impactos de la crisis internacional, ni tampoco devolverá la lluvia perdida. En consecuencia, la presente puja en torno del tema no refleja sino un posicionamiento torpe y de miras cortas. Quienes abogan por la eliminación de las retenciones, en función de su interés sectorial inmediato, sacrifican una estrategia que a la postre resulta más beneficiosa para el conjunto. A ello contribuye, por otra parte, una dirigencia política incapaz de pensar más allá de la coyuntural capitalización de la protesta.
Entendamos que –tal como lo dijéramos en declaraciones anteriores– no es sólo el interés sectorial sino el patrón de acumulación y distribución lo que aquí está en juego. Hemos vivido y sufrido las consecuencias de esquemas fundados en la revaluación cambiaria y el desfinanciamiento estatal. No están tan lejanos los recuerdos del empobrecimiento de los años ’90 y la correspondiente crisis terminal de 2001. Sin embargo, hay quienes parecen añorar este modelo.
Señalamos además que –más allá del fragor producido por los numerosos cruces verbales– el posicionamiento gubernamental ha carecido de la necesaria claridad. En lugar de ofrecer una fundamentación equilibrada y articulada de esta política, se ha recurrido a argumentos parciales, ora apuntando a aspectos distributivos, ora señalando necesidades fiscales. La dirigencia política argentina debe comprender –desde el Gobierno o desde el llano– que es imperativo persuadir desde la razón, y a la vez desde una perspectiva que valore el bienestar del conjunto de la sociedad. De la misma manera corresponde reclamar a los medios de comunicación un tratamiento objetivo, que no priorice una toma de posición, como hoy se observa en forma generalizada.
Este conflicto debe ser encarado en términos adecuados no sólo a la coyuntura sino a una senda de desarrollo con equidad. Esto es, en el marco de un proyecto nacional todavía por definirse para la Argentina.
Deben esclarecerse por lo pronto los intereses y la representatividad de los actores, lo que lleva a reconocer que la dirigencia enfrentada a las retenciones no representa a la población campesina de recursos y horizontes productivos limitados. Se trata por lo contrario de propietarios de medio y alto porte, rentistas en muchos casos, y en su mayoría de la llanura pampeana. Ellos se han beneficiado considerablemente con la conjunción de precios altos y devaluación verificada en los últimos años. Así lo evidencian los elevados precios de la tierra (e incluso de los inmuebles urbanos en las ciudades del interior agropecuario pampeano).
Pero la realidad de la actividad agropecuaria en la Argentina es considerablemente más compleja. Ella comprende producciones de diversa naturaleza y escala, cadenas de intermediación fuertemente oligopolizadas en muchos casos, proveedores de insumos críticos también concentrados.
Es necesario entonces comprender la problemática agropecuaria en toda su diversidad. Esto implica ir más allá de la cuestión puntual de las retenciones.
El modelo de agricultura intensiva en tecnología que se ha desarrollado en la última década conlleva una fuerte expansión del cultivo de soja, en detrimento tanto de usos más equilibrados de los suelos (lo que puede comprometer la sostenibilidad a futuro), como de cultivos más intensivos en uso de mano de obra en zonas extrapampeanas. Asimismo, ha puesto en entredicho la viabilidad de la actividad ganadera, que se ha visto desplazada, afectando el stock total e incluso la actividad lechera. Se avizoran los riesgos propios del monocultivo en términos de su viabilidad ecológica como de precios internacionales no previsibles.
Estos aspectos requieren definiciones estratégicas por parte del Estado, ya que la preservación del suelo y la sostenibilidad en el largo plazo no pueden dejarse libradas a las señales de mercado dado el limitado horizonte de evaluación de los decisores privados. Estas definiciones se encuentran ausentes. Sólo se han ensayado medidas puntuales, con éxito diverso. Debe ser objeto de particular consideración la agricultura de escala familiar en áreas alejadas de las zonas cerealeras. Asimismo, las cadenas de elaboración y comercialización, tanto en granos como en carnes, hoy día se apropian de una parte no desdeñable de la renta primaria. Esto amerita un estudio en profundidad para su reformulación. Es imperativo un ejercicio participativo de planificación sectorial, que defina un perfil futuro a la vez factible y deseable, en lo que atañe al sector y a su vinculación con el resto de la economía. Se podrán establecer así los roles que cada actividad debe cumplir en el conjunto del quehacer agropecuario, incorporando explícitamente la consideración de aspectos ambientales. Otros tópicos que deben integrar esta agenda son la creación de una comercializadora de carácter público y la revisión de la legislación referida a los arrendamientos rurales.
Las herramientas de intervención gubernamental deben encontrarse correctamente diseñadas y ser implementadas en forma confiable. La imagen resultante debe ser la de un Estado comprometido con una política eficaz, con aristas diversas, correctamente fundamentada, y que no se limita seguramente a introducir un tipo de cambio diferenciado o a atender requerimientos fiscales.
Se requiere entonces a la vez voluntad de diálogo y convicción fundada en la defensa de posturas que benefician al colectivo de los argentinos. La negociación de ninguna manera puede transcurrir bajo la amenaza de medidas que comprometen la continuidad de las actividades productivas, ni mucho menos con la concreción de aquéllas.
El conflicto con el sector agropecuario lleva ya demasiado tiempo. Urge en esta nueva etapa una solución duradera en pro de un proceso de crecimiento sostenible y equitativo, ajustada además a un escenario internacional muy diferente y seguramente más duro que el que vivimos en los últimos años.
lunes, 30 de marzo de 2009
Restauración conservadora o profundización del cambio
V documento del Espacio Carta Abierta:
Recorre la Argentina la fanfarria de una restauración conservadora, expresión de una derecha vieja y nueva. Con arrebatos cambiantes, a veces con estridencia, muchas veces en la penumbra, nerviosamente se preparan. Van de reunión en reunión, en una coreografía que se hace y rehace bajo la bitácora de semanales gacetilleros del gran desquite. Ventrílocuos, pronostican el próximo viraje.
El fin de la pesadilla. No llegan a ser aún la Santa Alianza. Pero a falta de un Metternich, pululan políticos de diversas historias y procedencias, estilos comunicacionales aparentemente objetivos y representantes de economías facciosas que apuestan a recrear un Estado sin capacidad de pensar el conjunto de la Nación, cuando es necesario transformarlo en el sentido contrario, sacudiéndose sus modos neoliberales y su debilidad institucional. Los restauradores exudan el deseo de recuperar los fastos de la Argentina del primer centenario, aquella en la que la mitología agroganadera representaba los fundamentos de la Nación. Sus narrativas del presente se inspiran en las injusticias y desigualdades del pasado.
Ellos realizan sus rápidos cálculos de reposición del viejo orden. Alegan pureza institucional, pero se han abstenido de hacer gala de ella cada vez que les tocó actuar en tareas de responsabilidad. Esgrimen que se han superado los límites tolerables en materia de seguridad, pero en vez de pensar los abismos sociales que sólo se remedian con políticas democráticas y con el desafío aún pendiente de una nueva distribución del ingreso, expanden un miedo difuso preparando futuras agencias y formas regresivas de control poblacional. Vigilar y castigar parecen ser sus recursos privilegiados, el núcleo primero y último de la brutal simplificación de la anomia que subyace a una sociedad desquiciada por la implantación, desde los años de la dictadura videlista, de un proyecto de país fundado en la exclusión, la marginalidad y la miseria creciente de aquellos mismos que acabarán convertidos en carne de prisión o de gatillo fácil.
Si es el caso, no vacilan en aceptar pigmentos de “izquierda” para presentar un proyecto que pertenece a las fantasías recónditas de una nueva derecha mundial.
Desenfadados, anuncian que todo lo que harán no será contradictorio con la asunción de “la política de derechos humanos”. El neo-conservadorismo argentino ha aprendido a no ser literal como sus ancestros. Puede ser también, si lo apuran, un “progresismo de derecha”, imbuido de los miles de fragmentos sueltos que vagan por los lenguajes políticos. Todo vale. Pueden tomar las premisas de una lengua que hace poco pertenecía a los movimientos sociales de transformación. O pueden sonreír por lo bajo pues alguien sustituyéndolos reclamará magnas puniciones y pronunciará el supremo veredicto: “pena de muerte”. Será la forma sublimada de indicar el rumbo de la reingeniería de una “sociedad turbada”, una Argentina que reclamaría la pastoral de la seguridad, que en vez de considerarse un grave problema que debe convocar imaginativas soluciones económicas, democráticas, laborales y pedagógicas, es visto como una peste medieval que exige periódicos exorcismos de punitivas sacerdotisas y ávidos prelados.
Recorre la Argentina la fanfarria de una restauración conservadora, expresión de una derecha vieja y nueva. Con arrebatos cambiantes, a veces con estridencia, muchas veces en la penumbra, nerviosamente se preparan. Van de reunión en reunión, en una coreografía que se hace y rehace bajo la bitácora de semanales gacetilleros del gran desquite. Ventrílocuos, pronostican el próximo viraje.
El fin de la pesadilla. No llegan a ser aún la Santa Alianza. Pero a falta de un Metternich, pululan políticos de diversas historias y procedencias, estilos comunicacionales aparentemente objetivos y representantes de economías facciosas que apuestan a recrear un Estado sin capacidad de pensar el conjunto de la Nación, cuando es necesario transformarlo en el sentido contrario, sacudiéndose sus modos neoliberales y su debilidad institucional. Los restauradores exudan el deseo de recuperar los fastos de la Argentina del primer centenario, aquella en la que la mitología agroganadera representaba los fundamentos de la Nación. Sus narrativas del presente se inspiran en las injusticias y desigualdades del pasado.
Ellos realizan sus rápidos cálculos de reposición del viejo orden. Alegan pureza institucional, pero se han abstenido de hacer gala de ella cada vez que les tocó actuar en tareas de responsabilidad. Esgrimen que se han superado los límites tolerables en materia de seguridad, pero en vez de pensar los abismos sociales que sólo se remedian con políticas democráticas y con el desafío aún pendiente de una nueva distribución del ingreso, expanden un miedo difuso preparando futuras agencias y formas regresivas de control poblacional. Vigilar y castigar parecen ser sus recursos privilegiados, el núcleo primero y último de la brutal simplificación de la anomia que subyace a una sociedad desquiciada por la implantación, desde los años de la dictadura videlista, de un proyecto de país fundado en la exclusión, la marginalidad y la miseria creciente de aquellos mismos que acabarán convertidos en carne de prisión o de gatillo fácil.
Si es el caso, no vacilan en aceptar pigmentos de “izquierda” para presentar un proyecto que pertenece a las fantasías recónditas de una nueva derecha mundial.
Desenfadados, anuncian que todo lo que harán no será contradictorio con la asunción de “la política de derechos humanos”. El neo-conservadorismo argentino ha aprendido a no ser literal como sus ancestros. Puede ser también, si lo apuran, un “progresismo de derecha”, imbuido de los miles de fragmentos sueltos que vagan por los lenguajes políticos. Todo vale. Pueden tomar las premisas de una lengua que hace poco pertenecía a los movimientos sociales de transformación. O pueden sonreír por lo bajo pues alguien sustituyéndolos reclamará magnas puniciones y pronunciará el supremo veredicto: “pena de muerte”. Será la forma sublimada de indicar el rumbo de la reingeniería de una “sociedad turbada”, una Argentina que reclamaría la pastoral de la seguridad, que en vez de considerarse un grave problema que debe convocar imaginativas soluciones económicas, democráticas, laborales y pedagógicas, es visto como una peste medieval que exige periódicos exorcismos de punitivas sacerdotisas y ávidos prelados.
Junto a la complicidad con quienes exigen un cadalso público como forma de una nueva razón disciplinadora, los mundos políticos de la restauración conservadora extienden bruscamente ante sí el descuartizado mapa de las ideologías argentinas. Unos buscando “patas peronistas”, otros “patas liberales” y otros “patas radicales” para lo que creen que son sus baches a ser rellenados con cuadrillas políticas nocturnas de urgencia. Confunden política con pavimentación. Se entrecruzan en el complaciente intercambio de figuritas sobre el vacío que se atribuyen a sí mismos. Comienzan por reconocerse carentes, vivir en el socavón de su propia escasez. No sorprende que la decadencia de las grandes ideas de cambio social haya traído aparejada la decadencia del lenguaje político. Las viejas corrientes políticas, que supieron ser corrientes de ideas, son ahora partes de un pensamiento rápido, aleatorio, que se arrastra por el piso como un mueble que desgastó sus soportes. La nueva derecha, forjada en los lenguajes massmediáticos, carece de escrúpulos a la hora de arrojar por la borda ideas y principios o de adherirse a los restos tumefactos de tradiciones antagónicas; lo único que le importa es conquistar, por la vía de la simplificación y el vaciamiento ideológico, a una ciudadanía apresada en las matrices heredadas de los noventa menemistas. Pretenden organizar las filas del individualismo atemorizado pero si triunfan no gobernarán como estrategas de la concordia social sino como artífices de una implacable revancha represiva.
Los representantes de la restauración han memorizado así archisabidos preceptos, míseras cartillas para refundar el Orden Conservador, pero se sienten vivados por los abstractos públicos presentados como momentánea platea popular sustituta. Saben que actúan en medio de poblaciones estremecidas por los diversos planos de una crisis civilizatoria de la que dicen no tiene conclusión visible, pero la suelen ver como parte de un oscuro deseo de que esa crisis llegue pronto a la Argentina como “gran electora catastrófica”. La crisis mundial sería la prestidigitadora de una devastación. Desarticularía previsiones, refutaría políticas públicas y esparciría desempleo, inestabilidad o pánico. Y les daría votos. La conciencia invisible del conservador se mueve en todos los rubros de la lengua movilizadora, pues sabe que hay un público difuso extendido en todo el país que lo escucha y que proviene de muchos legados políticos destrozados. Se parte del anhelo de que la crisis venga ya. Que irrumpa por fin esa crisis mundial y derrote a los esfuerzos que se hacen por conjurarla, a veces buenos, otras improvisados sobre el vértigo que la crisis impone, no siempre efectivos.
En el inconciente colectivo de la restauración se halla emplazado el pensamiento de que la “llegada visible de la crisis” equivaldría a una admonición mesiánica que se encargaría de derrotar a los frágiles gobiernos a martillazos del Dow Jones y drásticos patrullajes del Nasdaq. Ninguna conciencia parecen tener de que esas catástrofes en el centro del mundo se han llevado consigo los paradigmas sobre los que construyeron sus capitales político-intelectuales. Más que paradigmas, son sofismas que no cesan de repetir a despecho de las evidencias. Eluden dar cuenta de la gravedad mundial de la crisis para menoscabar las medidas que atenúan sus ondas expansivas más duras. No se atreven a reconocer que la demora y cierta “suavidad” relativa de la crisis en Argentina se vincula con las políticas gubernamentales de moderada desconexión de las lógicas financieras del capitalismo contemporáneo. Los restauradores repiten sus axiomas ya fallidos y no trepidan en solicitar el fin de la desconexión: volver al seno del FMI es ya una consigna de batalla.
Los líderes del "partido del orden", mientras aguardan el auxilio de la crisis, no pueden atravesar ciertos dilemas de parroquia: ¿qué representación política dará finalmente el nuevo bloque agrario que trae la sorprendente fusión en las consignas de los agronegocios de los sectores que antaño se diferenciaban por distintos tipos de actividad agropecuaria? Una nueva soldadura material y simbólica ha ocurrido frente a las nuevas características tecnológicas y empresariales de la explotación de la tierra sobre el trasfondo de ganancias inesperadas. Se trata de un bloque “enlazado” que, bajo un débil manto de republicanismo, se propone la cruzada restauradora y para hacerlo declara vetustos a los desvencijados partidos remanentes, exige una derechización social y pone en crisis también a las tradicionales representaciones del sector..
Los restauradores anuncian que están frente a una impostura histórica pero llaman impostura a novedades introducidas por un juego democrático que sin duda es desprolijo pero vital; anuncian que están frente a manifestaciones de locura y tilinguería, pero no se privan de reclutar en sus filas a toda clase de comediantes que postulan el regreso a una normalidad administrada desde antiguos retablos ajustistas. Anuncian también que están frente a un gobierno errático, peligrosamente estatista –si son liberales-, e insensible a lo social –si asumen aires ocasionales de izquierda. La impostura de la que acusan al gobierno atraviesa de lado a lado su lenguaje, en especial cuando recurren a antiguas y venerables simbologías populares en nombre de intereses antagónicos de esas tradiciones.
Este tema es necesario recorrerlo claramente. El gobierno se halla en medio de una tormenta social y política –local e internacional- acerca de la cual, tanto como no se puede aceptar que la haya provocado en lo que tiene de incierta, tampoco es posible dejar de ver en sus medidas más atrevidas el origen de las hirientes esquirlas que recibe como respuesta y debe afrontar. Estas medidas ya se conocen, y van desde los primeros gestos en relación a fuertes reparaciones simbólicas que desataron nudos asfixiantes de la historia hasta el pasaje de las existencias de las AFJP al patrimonio público bajo administración estatal o el profundo y necesario proyecto de ley de medios audiovisuales, sin dejar en un segundo plano la recuperación de una perspectiva latinoamericana que abandonó el paradigma de las “relaciones carnales” para encontrarse con irredentas pertenencias histórico-culturales.
Con sus diferencias y particularidades, los procesos boliviano, venezolano, brasileño, ecuatoriano, cubano, uruguayo, chileno, paraguayo, nicaragüense, salvadoreño, no nos dejan pensar que esta hora latinoamericana va a ceder su horizonte de realizaciones ante la agresión mancomunada de las nigromantes y los hechiceros del retroceso. Y sabemos que la difícil encrucijada económica y social no puede sortearse sin la composición de tramas políticas, económicas y culturales de alcance regional.
El ciclo abierto en el 2003, no sin titubeos, produjo una diferencia con las formas de gobernabilidad anteriores, diferencia surgida de la lectura de los acontecimientos de 2001, cuando el protagonismo popular sancionó el fin de aquellas formas. Diferencia que se percibe en sus intentos democratizadores (que van desde la modificación virtuosa de la Corte Suprema hasta la afirmación de una política de derechos humanos que retoma los reclamos de los grupos organizados por su defensa), en el tipo de encuentro que propició con los movimientos sociales (entrecruzamiento de diálogos y no de medidas represivas), en el planteo de núcleos centrales para una sociedad justa (desde la enunciación de una pendiente redistribución del ingreso hasta la extensión de los derechos jubilatorios y la reposición de la movilidad de los haberes), desde la innovación en políticas de defensa hasta la decisión de no rendir ante el altar de la crisis los sacrificios tradicionales del trabajo y del salario.
Se conocen también sus deficiencias. Existe un gran contraste entre acciones innovadoras en campos sensibles de la vida social y apoyaturas que arrastran estilos rígidos, no decididamente democráticos, de organización política. Nos referimos a una escasa renovación en los sostenes oficiales del gobierno, cuando no a un chato horizonte de conveniencias sectoriales –encarnadas por lo general en porciones extensas del Partido Justicialista- y específicamente en el profundo error que se comete con alianzas como las de Catamarca, donde se marchó junto a la figura que gobernaba la provincia cuando sacudía al país el caso María Soledad y con las huestes de un confeso ladrón.
También lo que implica la cercanía con Aldo Rico en San Miguel, para mencionar sólo los casos que más hieren. No sólo por lo que componen, también por la ausencia que revelan de otra construcción política capaz de efectuar una interpelación popular, convocar a los hombres y mujeres, a los trabajadores, a los desocupados, a los que estudian y los que crean, a apoyar y expandir una diferencia que efectivamente existe en ciertos actos y se opaca en la rutina de las antiguallas partidarias. No es casual que en las entretelas de estas alianzas de ocasión con personajes sin moral y sin conciencia, que han navegado los últimos veinte años de vida política, haya tomado cuerpo la “idea” de una “salida ordenada” del kirchnerismo, manejando figuras como el cáustico sojero fórmula 1.
Esa salida –engalanada con prefijo post- dejaría al pueblo como rehén. Se trata, en realidad, de la restauración conservadora con la misma soja al cuello pero con Hugo del Carril en la vitrola. El gobierno se recuesta sobre una estructura partidaria que parece garantizarle un piso electoral imprescindible, sin transitar por sendas en las que se podría vislumbrar un horizonte distinto. Comprender la carencia no significa aceptar la solución como la única posible. Es, más bien, anticipar los costos a pagar.
Son temas que es necesario revisar. La dignidad de un proyecto social de cambios requiere que sus apoyos surjan convencidamente de llamados a las vertientes sociales, productivas y culturales que esperan participar en un movimiento que pueda gobernar en medio de desafíos fundamentales y vencerlos innovadoramente.
Ese llamado aún no ha ocurrido aunque, como debe brotar de los pliegues críticos de la sociedad, es necesario encontrar en la sociedad civil el lenguaje y los argumentos para concretarlo. Un lenguaje sensible a una sociedad que se ha transformado y cuyas disidencias internas, sus polémicas públicas, no pueden ser explicadas sólo con la cartilla de las anteriores lecturas nacional-populares. El desafío es apropiarse de aquellas lecturas pero entramadas en una nueva y compleja realidad; de reencontrarse con los afluentes de una memoria de la justicia y la igualdad en el contexto de inéditos saltos al vacío del capitalismo actual. Es bajo esta perspectiva que reconocemos la trascendencia de lo abierto en mayo del 2003 y que no olvidamos las enormes dificultades que existían y que todavía persisten para construir un proyecto democrático y popular. Algunas izquierdas, como lo han hecho repetidamente, no atinan a dar cuenta de la singularidad de los acontecimientos.
Es hora de entrelazar miradas, perspectivas, tradiciones y biografías diversas que comparten el ideal emancipatorio, intuyendo que la hora argentina reclama una fuerte toma de partido que sea capaz de enfrentar la restauración conservadora.
No queda mucho tiempo para ello. Pero reconocer las dificultades no implica bajar los brazos. Las consecuencias de un triunfo de la coalición conservadora pueden ser graves, pero este documento quiere ser de esperanza y de reagrupamiento en la lucha. Veamos: en la Ciudad de Buenos Aires está en curso una experiencia. La gobierna una derecha que con remozada gestualidad despliega destructivos ataques a las instituciones públicas de la ciudad, rastrilla las calles con anteojeras represivas y no desdeña ocasión de borrar aquello que otros pensamientos políticos habían inscripto en la vida estatal. Gobierna esa derecha por su capacidad de seducir a un electorado dispuesto al festejo de fórmulas abstractas que (ilusoriamente) resolverían problemas complejos. Pero el progresismo porteño aún merece una revisión crítica y el gobierno nacional el cuestionamiento de su escasa reflexión sobre la peculiar sensibilidad cultural y política de la ciudad. Cuando algo permanece intratado, cuando no se lo considera en su especificidad, es arrojado a un trato consignista, abstracto, reactivo. Campo fértil para las derechas, con sus maniqueísmos excluyentes.
Por eso, se arriesga demasiado cuando se trata con categorías deseñosas a una ciudadanía que puede ser complaciente y superficial, pero en ocasiones, además, díscola y crítica. También el riesgo es altísimo cuando se renuncia a considerar ciertos temas, como el de seguridad, por lo que arrastran de amenaza. Las grandes ciudades argentinas, escenarios y protagonistas de luchas emblemáticas de la historia nacional (desde las huelgas de la Semana Trágica o la Reforma universitaria hasta el Cordobazo; desde el 17 de octubre o la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre hasta las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001), esas mismas ciudades han sido permeables al discurso neoliberal. Pero las ciudades anteriores persisten.
Tradiciones culturales y memorias comunitarias subyacen a la espera de una invocación política que las reavive y contenga. Nadie es dueño de la conciencia de los millones que viven, sueñan y despotrican en estas urbes. La crisis puede ser oportunidad de reabrir esa historia y para considerar los núcleos potentes de las luchas urbanas actuales: la confrontación contra la precarización del trabajo y el desempleo, el enfrentamiento contra las añejas pero actualizadas formas de opresión a las mujeres, para nombrar sólo algunas. No damos por perdida esa apuesta por arrebatar las ciudades de sus cautiverios mediáticos y sus temblores restauradores.
Cuestiones vitales como el modelo energético, el régimen de entidades financieras, el transporte ferroviario y fluvial, la explotación minera, requieren formas de desarrollo viables que no acepten fáciles composiciones con empresas transnacionales que no tienen hipótesis de preservación ambiental ni se componen con un modelo económico nacional autónomo. Es necesario actuar con criterios eficaces en torno a crear opciones económicas democráticas, donde un pragmatismo inmediatista no sustituya un proyecto más profundo de economía distributiva, proteccionismo democrático, urbanismo integrador e inclusivo y ordenamientos normativos que impidan la rapiña de recursos. Esto requeriría de instituciones estatales con capacidad de desplegar políticas públicas, con efectiva llegada a todo el territorio nacional. Pero sabemos que, si entre los méritos del ciclo abierto en el 2003 está el de resituar la importancia del Estado, también es claro que el realmente existente no está a la altura de esa relevancia.
Se han desplegado, sin embargo, considerables apoyos a los compromisos científicos sustantivos, expandiendo la investigación, los presupuestos a ella destinados e incentivando la innovación intelectual en la vida social productiva. En este mismo itinerario, queda pendiente la renovación de las fuentes de la reflexión crítica sobre estas materias, sin esquematismos ni fervores momentáneos que demoren el encuentro de los grandes núcleos de acción intelectual creativa en torno a la ciencia, el arte, el urbanismo, los medios de comunicación, el lenguaje, el diseño y las tecnologías. La creación del Ministerio de Cultura de la Nación, capaz de articularse con el de Ciencia y Tecnología, permitiría pensar la inteligencia y la creatividad sociales en conjunto, no como secciones estancas de acciones nómadas.
Por todo esto, llamamos a ejercer el derecho de crítica autónoma dentro de un gran campo de apoyo a los aspectos realizativos que ha encarnado el gobierno nacional. El momento lo reclama. No somos partisanos de una axiomática y binaria contradicción fundamental, aún cuando reconozcamos que las situaciones críticas conllevan, a nuestro pesar, un borramiento de matices. Debe haber distintas variantes y situaciones para los pensamientos críticos. Pero tampoco el gobierno es ese manojo irreversible de contradicciones obtusas que a diario nos propone la vasta maquinaria mediática que lo envía al patíbulo en miles de minutos diarios de televisión, acudiendo a las doctrinas ubicuas del escándalo y el odio, en uno de los momentos más graves de irracionalismo asustadizo y de no tan encubiertos racismos que haya vivido la sociedad argentina contemporánea. Esa ofensiva de una derecha agromediática que no deja nada por tocar ni ensuciar, que corta rutas y agita conspiraciones, nos persuade de la decisiva importancia que adquiere no solamente la defensa de la legitimidad democrática sino, más hondo y grave, del decisivo entrelazamiento de un proyecto popular con el destino del gobierno. Desatar el nudo que une ambas perspectivas constituye un error cuyo costo puede ser desmesuradamente elevado; imaginar que la caída de lo inaugurado en el 2003 puede ensanchar el horizonte popular y nacional es no sólo una gigantesca quimera sino una perturbadora irresponsabilidad histórica de los que todavía no comprenden el carácter y la dimensión del peligro restaurador.
La restauración tiene sus antenas y tentáculos preparados para aprovechar los deficientes reconocimientos mutuos que hemos tenido entre aquellos que en el pasado compartimos horas decisivas para constituir una fuerza popular transformadora desde distintas vertientes de la historia argentina. Llamamos entonces a que consideren favorablemente estas ideas, precisamente los compañeros de las izquierdas, de las corrientes nacional-populares, de los libertarismos, de los autonomismos y de los socialismos. Es imprescindible que sigan realizando observaciones críticas a las que siempre les otorgamos credibilidad, pero también les proponemos que las integren a un seno común aunque heterogéneo de opiniones situado ante la urgencia de oponerse a la restauración conservadora. Pero no menos imprescindible es que se constituya una gran fuerza autónoma que recorra las diversas experiencias de transformación social y las devuelva a la esfera pública de un modo movilizador, renovado y creíble. Allí radica una de las apuestas sin la que resulta casi inimaginable la profundización popular de un proyecto democrático que vino a renovar las lenguas políticas en un tiempo dominado por las clausuras y las desesperanzas.
Llamamos a actuar contra la restauración conservadora de un modo creativo, inhibiendo su diseminación con argumentos sutiles y masivos, que pongan en evidencia su auténtica impostura, su anacronismo y la amenaza que suponen a cualquier forma de redención social, defendiendo los aspectos progresivos de la actual situación y haciendo explícitas las reservas, a modo de un necesario reencaminamiento de las acciones políticas populares. Llamamos a no dejarnos sorprender por el clima de desprecio que crean los operadores de una crisis anunciada, que es el ensueño de las viejas fuerzas del Orden con pañuelito de seda al cuello, gozando ahora de la masividad mediática con que instalaron el partido del miedo.
Llamamos a retirarnos de la quietud y a no quedar atados al comprensible malestar por los enredos que poseen muchos de los recorridos políticos de la hora. Porque la aparente claridad de los restauradores traerá al país los capítulos ya conocidos de la pasividad cívica, el descompromiso con el trabajo colectivo, la mediocridad política y el predominio de los círculos áulicos que operan en el servicialismo a los más oscuros poderes imperiales, cuyo resultado previsible es la multiplicación de la desigualdad, su marca más auténtica.
En estos meses, se desplegará una contienda electoral que tendrá mucho de plebiscito respecto de las políticas gubernamentales, que en algunos casos presentan deficiencias pero que configuran acciones reparatorias para una sociedad dañada. Las rutinas electorales –con sus desfiles de espantajos y sus diatribas mutuas- serían insufladas de otro entusiasmo si se las dota de un carácter programático. De un programa en el que la defensa de los humanos, la consideración de la seguridad sin reduccionismos represivos, políticas de retención de las rentas extraordinarias, estrategias de apoyo a la producción, proyectos educativos que promuevan sujetos autónomos e inclusión social, políticas de salud enraizadas en las vastas necesidades populares, la profundización de la integración regional, la preservación ambiental (incluidos los glaciares) no puedan ser expurgados ni menoscabados. Por otro lado, también se estará debatiendo una de las más radicales medidas de distribución cultural: una ley que impulsa la democratización del sistema de medios de comunicación. El proyecto, surgido de intercambios y consultas, estará recorriendo los vericuetos del debate en la sociedad civil antes de su trato parlamentario. No serán, no son, tiempos fáciles, portan una nitidez casi dolorosa y exigen renovadas pasiones. Muestran que no hay para el pueblo argentino “salida ordenada” contra la restauración conservadora.
¡Profundicemos los cambios! Ese es nuestro llamado.
(marzo de 2009) - Click acá para adherir a este documento.
martes, 17 de marzo de 2009
Algo parecido a la apología del delito
Por Emilio Ruchansky
Pedir la pena de muerte en la Argentina podría considerarse como una apología del delito. Ya lo advirtió ayer Carmen Argibay luego de una semana de altisonantes reclamos en favor de la pena capital: “Están pidiendo que se viole la Constitución nacional”. Casi en simultáneo a estos dichos de la jueza de la Corte Suprema de la Nación, la suegra del preparador físico Hernán Landolina, asesinado el martes, convocaba a una marcha con esta consigna: “Si no nos arremangamos, no vamos a lograr nada. El pueblo tiene que salir a la calle. Hoy yo pido la pena de muerte”. Página/12 consultó a especialistas de distintas disciplinas para entender cómo se instaló esta idea, que resurgió días atrás cuando Susana Giménez dijo que “el que mata tiene que morir”, refiriéndose a los delincuentes que asesinaron a su decorador de confianza.
“El melodrama siempre está presente. Esa escena, la de Susana Giménez caminando y diciendo lo que dijo, es difícil de lograr. Y los medios aprovecharon para instalar el tema como algo definitivo”, explicó ayer el semiólogo Raúl Barreiros. “Lo de ella es la clásica postura facha de ‘protejo lo mío’. La única posibilidad es mirarlo desde ahí, porque Susana Giménez puede tener un corazón facho, pero no tiene un aparato ideológico para sostener lo que dice”, agregó Barreiros, docente de la Universidad Nacional de La Plata.
Claro que este especialista no olvidó un dato de la diva que parece haberse escapado en los programas de chimentos: “Esa mujer, la más popular de la Argentina, es valiente. Estuvo con Monzón cuando ninguna figura salía con boxeadores. Supo manejarlo y se fue a tiempo, antes de que Monzón asesinara a Alicia Muñiz. ¿Cuando ocurrió este asesinato pidió la pena de muerte? No. ¿Y por qué lo pide ahora? Porque está en contra del gobierno”. Lo que sigue, según Barreiros, es la manipulación mediática de un miedo preexistente.
“En otro momento no hubiera pasado nada, pero hay una clara intención política. Este tema ya se intentó instalar 6 o 7 veces el año pasado”, aseguró el semiólogo. Su conclusión es que se corre peligro de que “uno se convierta en el otro”. El otro roba y mata porque “se está vengando del maltrato social” y las víctimas también sufren el maltrato. De vengarse, la situación tomaría forma de espiral. En medio queda la policía, en papel ambiguo. “Si hay alguien que tiene más posibilidades de convertirse en chorro es el policía, por la cercanía con el delito”, advirtió el semiólogo.
Para María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, al pedido de pena de muerte lo subyace un tema socioeconómico. “Estos son círculos recurrentes. Cada vez que en el horizonte se avecinan conflictos sociales, aparecen estos impulsos: se pide endurecer el sistema penal, bajar la edad de imputabilidad o imponer la pena de muerte”, repasó Verdú. Estos reclamos, que ella enmarca en los discursos de la inseguridad, “buscan generar consenso para utilizar los aparatos represivos del Estado, para garantizarlos”.
En este sentido, la abogada pone el reclamo en el marco de la crisis mundial. “No es casual que esto ocurra mientras hay despidos y suspensiones”, dijo Verdú, en referencia a la posibilidad del uso indiscriminado de la fuerza pública en caso de que emerjan las protestas de los sectores más postergados. Bajo su óptica, ya no importa que haya sido Susana Giménez quien haya disparado el tema. “Habría que revisar lo que dijo el sindicalista (Diego) Ibáñez cuando le mataron al hijo o el propio Blumberg, que pidió la pena de muerte y después se echó atrás cuando se supo que había policías involucrados en el secuestro...” El criminólogo Elías Neuman calificó de “misterioso” el surgimiento de este debate, luego de repasar una larga lista de países (entre ellos Francia y Brasil) que llevan ya siglos o décadas con la pena de muerte abolida. “No me parece que se haya abierto una discusión entre especialistas a favor y en contra, una polémica entre tirios y troyanos –afirmó Neuman–; en todo caso, lo que parece es que hay manifestaciones de gente que en su actividad tiene mucha recepción social, con mucha llegada y con impacto en los medios.”
El pedido de pena de muerte, explicó el experto, no emerge de la reflexión, sino del sentimiento o de confundir justicia con venganza. “Me pregunto cuánto tiempo el feroz sistema neoliberal necesita explotar los miedos de la sociedad”, inquirió Neuman. “Es cierto que los delitos urbanos crecen y dan miedo, pero ampliarlos como se los está ampliando, ¿no será una manera de no ver los delitos económicos o de corrupción?”. La constante repetición de los hechos delictivos en la televisión, para este criminólogo, no es más que un “terrible telón de miedos”.
Sobre el final de la charla con Página/12, el especialista recordó que alguna vez el ex presidente Carlos Menem armó un proyecto para instalar la pena de muerte y lo envió al Congreso. Allí tuvieron que explicarle lo que ayer advirtió la jueza Carmen Argibay: “Nuestro país tiene incorporado a la Constitución el Pacto de San José de Costa Rica que impide que se ponga la pena de muerte en un país donde no existe la pena de muerte. Es decir que está prohibida. No es una pena previsible y posible en la República Argentina”.
Neuman insistió en la idea de que la gente que pide esta pena lo hace intuitivamente, pero “el Estado no puede enseñar a no matar matando”.
(Raúl Barreiros es investigador en medios masivos audiovisuales especializado en semiótica. Profesor de la UNLP, la UNLZ y la Universidad de San Andrés. Dictó postgrados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), UNLP, Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), Institutos Nacional y Provincial de Administración Pública, entre otros.)
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