Avances y retrocesos

por Mario Toer - Profesor titular de Sociología y Política Latinoamericana (UBA), secretario adjunto de Feduba.

No sé si vamos a tener que retroceder o si seguiremos avanzando. Lo que si sé es que no podemos soltarnos los brazos y debemos seguir codo con codo y con los dientes apretados. Los embates de las radios, los diarios y los canales no cesan y procuran enloquecer a la gente con su inacabable despliegue de desdichas por venir. Bien dosificados y entrelazados se mezclan los pronósticos de más robos del Estado insaciable y de adolescentes oscuros en las esquinas. Nadie puede sustraerse a la tempestad de atropellos sin fin. No es fácil. No dan tregua. Les sobran recursos y cuentan con gente bien adiestrada. Para colmo, de tanto en tanto nos topamos con algún viejo conocido que cede ante la borrasca y pierde la razón y se dedica a formular extrañas interpretaciones sobre las dualidades y metamorfosis de lo que llaman la pareja gobernante. Otros, en su delirio, pretenden los buenos modales que alguna vez existieron en alguna metrópoli próspera y ajena a los rumores del descontento. Se suman al coro de impacientes que reclaman que el huracán de la crisis planetaria nos trague lo más pronto posible.

No es la primera vez que ocurre algo así. Pero es la primera vez que encuentran una resistencia significativa. En otras oportunidades, las alarmas de corridas generaban tropeles de multitudes en abierto descontrol. Esta vez, el antiguo desdén patricio, a pesar de sus desbordes desmedidos y sus réplicas clasemedieras, encuentra gente bien parada, que sin exuberancias ni engreimientos manifiesta no estar dispuesta a dejarse llevar por delante así como así.

Y ellos lo saben. Se sienten dueños de algunas esquinas, pero intuyen que a algunas cuadras de distancia las cosas son diferentes. Sin presunciones ni jactancias, hay gente en los bordes que puede perder la paciencia. Si las cosas no se conducen con un mínimo de prudencia, puede venir lo peor. Algo de aquello que apareció como una ráfaga en el 2001. Y que ahora encuentra ecos en otras latitudes. En largas marchas por el Altiplano, por sierras, selvas y llanuras de una geografía que se distiende y tensa en torno de los dos trópicos, como alistándose para un irremediable despertar.

Nadie las tiene todas consigo. Ni ellos ni nosotros. Y eso es lo que le confiere a la contienda un sabor especial. Arremeten con titulares desaforados, cuando antes no solían perder la compostura, dando cuenta de que no tienen certezas del paraje que están pisando. Quieren llegar a un territorio conocido pronto porque temen que se llegue a una línea desde donde sea difícil retornar. Por otro lado, nosotros sabemos por experiencia que no se trata de ocupar terrenos que no estamos seguros de si se van a poder defender.

No hay margen para la desconcentración ni para regalarle a nadie los reclamos elementales de la gente. La desesperación y el arrebato de algunos es un producto de las recetas que se utilizaron cuando ellos se suponían los dueños del mundo. Tenemos que cuidar que nadie se lastime hoy, pero los nuevos soportes serán para el futuro. Para cuando la miseria no sea consecuencia natural de la fortuna de los menos. La crisis que sacude al mundo seguirá su curso. Sobrevivirán los más fuertes, como otras veces ya ocurrió. Pero ahora las certezas con que nos reclamaban resignación están agrietadas. A pesar de las radios, los diarios y los canales, otras verdades, otras palabras pueden esparcirse. Y entonces, aunque tengamos que retroceder, seguiremos avanzando.

Come si chiama?

El kirchnerismo y las “corrientes profundas”

Por Horacio González - Sociólogo, ensayista, director de la Biblioteca Nacional.

El retorno de Perón empalmó con las corrientes profundas de la expectativa nacional. Eran flujos internos colectivos que podían presuponerse fácilmente. Se sabían; estaban de antes. El alfonsinismo se tornó también una corriente profunda, tocó nervios subyacentes que intentaban invocar un vitalismo democrático. No eran fácilmente detectables; se los conoció después. La Alianza no dejó huellas, aunque por momentos se acopló al implícito deseo de reparación cívica. Flaqueó en traducirlo acabadamente. En cuanto al kirchnerismo, intenta actuar al lado de las corrientes profundas, aquellas sin las cuales no hay gobierno, en la medida que un gobierno hasta puede no enfatizar especialmente un proyecto institucional clásico –es el caso—, pero no puede privarse de dialogar con formas de vida y pulsiones internas de la sociedad, nunca fácilmente localizables.

Son los sentimientos oscuros, intangibles, poco verbalizables que recorren como “heraldos negros” a las comunidades contemporáneas, yacimientos fangosos de donde también saben obtener pitanza las derechas. A ellas “lo que les importa es captar los reflejos espontáneos de la gente, apropiarse de sus secretos más íntimos y sus prejuicios no siempre expresados pero intactos en sus deseos”, escribe Ricardo Forster.

El kirchnerismo buceó en las corrientes profundas, entendiendo que había un utopismo quebrantado que databa de treinta años atrás, voces derribadas que deseaban decir que aquel tejido de efusiones pasadas aún ofrecía un gran texto, verdaderamente una ofrenda de entusiasmo vacante. Kirchner supo desde el primer día que debía levantar esos pedazos hundidos, revelándose tácitamente hijo de ellos, presuponiendo que no se entendería que se trataba de una homologación de manera plagiaria con esos tiempos, sino de declararlos un patrimonio utópico, una manera reparatoria general, una forma genérica anunciadora del futuro.

El gesto reparador no reclama literalidad, pues así sería apenas un proyecto de reanudar la historia en un punto en que ella habrá cesado, haciéndola costumbrista, juridizante, vengadora o cíclica. Bienvenidas las instituciones de derechos humanos. Pero se trataba de algo más, se trataba de mantener como cátedra profunda, como corriente didáctica no escrita, el léxico de los panteones sociales del siglo XX. Para tanto, había que construir un lenguaje y eso no ha ocurrido enteramente.

Las derechas profundas, que entendieron la naturaleza ética del gesto, prefirieron ver allí la reproducción intacta de un peligro que ya habían derrotado, así como las izquierdas intelectuales influidas por la idea de “invención de la historia” vieron un mero disfraz de estuco, una engañifa para nostálgicos a fin de tener las manos libres para lo que importaba. Hasta aquí, el kirchnerismo mostraba que no venía a reproducir lo dado y a recrear lo idéntico, sino a forjar un gobierno con fuerte operatoria de símbolos. ¿Pero con qué idea de los símbolos? Tenemos ahora un tema. Esos símbolos debían ser esencialmente abiertos, no alegorías concluidas, selladas.

A un símbolo –creemos—, siempre le falta la última interpretación. Siempre deben ser alusivos o indirectos. Por eso, es hora de introducir un debate con respecto a cómo aparecen simbolismos de cambio social que no pocas veces se cierran con un inadecuado estruendo conceptual. Hace tiempo se habla en la Argentina de “capitalismo serio”, mucho antes de este gobierno. Es más bien una expresión de los tiempos de la Alianza. Ahora el kirchnerismo parece retomarla. Este es un caso de cierre simbólico. ¿Habría una meta de esa índole, tan desfallecida, tan sin capacidad de entusiasmar a nadie? ¿Habría algún mero emprolijamiento económico, como avatar juicioso, que ante cualquier gran brete histórico redima las palabras culpables consiguiendo que vibren las conciencias? No ofrece la historia ejemplos que lo confirmen.

No es que se deba tener un nombre adecuado que proporcione la vía regia para salir de esta crisis. Justamente –reconozcamos—, no hay nombre. Estamos en una época sin nombres para lo popular activo. Los hechos vinculados con las “corrientes profundas” se refieren a lo que se está dispuesto a perder para obtener un horizonte mayor de justicia o lo que se está dispuesto a arriesgar para cumplir con lo que se desea como una forma íntima de reparación. Nada hay más que eso, sin documento fijo ni denominaciones prestadas. Las cuestiones relacionadas con el petróleo, las aerolíneas, la ciencia aplicada, la tecnología, la explotación de recursos minerales, la infraestructura de transportes, la transferencia a la esfera pública de los aportes jubilatorios, la legislación sobre representación sindical, la preservación de los equilibrios de la naturaleza, deben ser temas que broten desde el palpitar de las corrientes profundas reparatorias. Nunca una reparación así concebida tiene nombre absoluto, ya dispuesto. Hay que descubrirlas en su estado desnudo, efectivo, huérfanas. Puede entrañar ilusiones de reapropiación social, desde luego, pero el nombre “que será bandera” surgirá de tratos aún no sabidos con el propio andar de las reivindicaciones, sus posibilidades y obstáculos.

La crisis deja sueltos utensilios reutilizables de los sistemas desfallecidos, pero no es conveniente marchar con el nombre de esos sistemas recauchutados. Por eso un gobierno requiere grandes ensayos pedagógicos. Un gobierno debe ser el agente de esos ensayos de didáctica histórica aplicada, sin perder nunca su excedente utópico en tiempo presente. No nombres remendados. Mejor sin nombre y con la insinuación utópica en ristre. De ahí que el horizonte de recreación de la esfera pública para la actuación de las empresas sociales y públicas del Estado debe aún dejar su nombre en suspenso. Como pasatiempo, momento de espera o remembranza capaz de emitir señales, podrá decirse “keynesiano” o “estatista”. Vale. Pero el verdadero nombre está en suspenso. No caigamos en las garras de los puritanos citadores o en cartillas obligatorias para tranquilizar a los mismos que se critica.

Ahora bien, todo gobierno es también un aparato de lecturas de la realidad. Llamamos realidad aquí también al enmarañado y oscuro complejo de corrientes y contracorrientes colectivas, impalpables para los encuestadores, que sin embargo saben que a ese enigma de la subjetividad raramente consiguen interrogarlo. Hay ríos insondables contrapuestos en el replegado sentido común de las sociedades. Como detritus a descifrar, viaja el torrente de los que piden que se respete su divina necedad o los que piden la pena de muerte como consuelo para sus pesadillas urbanas, fraguadas en el retiro de domicilios blindados, como ciudadanos acosados por los fantasmas imaginarios de un homérico pillaje.

El kirchnerismo sostiene un aparato de lectura realista de esos contrapuntos. A veces, parece atenerse a las corrientes profundas desde las que se intuye la realización de un nuevo país con osadía crítica, promoción de la bravura cívica, de la virtud de una justicia visible y de una literatura social no condescendiente con los fantoches y cretinos que pululan por doquier. A veces se las pierde de vista y, en la lectura de la correlación de fuerzas, puede extraviarse la línea principal y congeniarse pro tempore con las napas lóbregas de la sociedad. Muchas veces faltan palabras, o están pero no son las apropiadas; otras veces, se usan rápidamente las palabras oficiales en curso que no cuajan bien con un rápido alternativismo que se les quiere adosar. Se percibe el problema. Hay por hacerse un salto hacia una lengua política de más calidad.

Porque las corrientes profundas que pueden acompañar una transformación nacional, con más que la intuición o con menos que un definitivo programa emancipativo, siempre piden lo otro. No saben bien qué es. Pero buscan ensamblar con lo hondo que desagravia y remedia. Un gobierno, en efecto, lee todas las corrientes, las favorables y las adversas, incluso el lugar donde ellas se conjugan. Pero no puede privarse de decir quién es y qué elige, para ser respetado en el vaivén de sus propias navegaciones. Un gobierno, frágil como éste y como todos los de nuestra región, explora aguas turbias, modula lenguajes miméticos y habla a veces como los otros, pone nombres de otros y vuelve luego a sus propios nombres, o redescubre aliviadamente que su modo de ser otro no está escrito en el capital semántico de las neoderechas. Todos sabemos que no hay gobierno si solo hubiese adecuación oscilante al desfile recóndito del inconsciente colectivo –por decirlo así—, con armas alucinadas sobre sus hombros de sonámbulos del escarmiento.

El kirchnerismo es atrevido pero sumario a la vez, lanza variadas temeridades pero puede no interesarle expandir su área de lenguajes y notaciones. No estaría bien que sea así. Sabe lo de las corrientes profundas, lo ha practicado, aunque se tienta por momentos con dejar dormir su voz inicial y a veces pronuncia algunas frases con que aspira a tranquilizar a los otros ríos oscuros, los de la contracorriente. Puede comprenderse el dilema, que brota de prácticas donde se enlazan pragmatismos varios y huellas utópicas. Pero no pueden omitirse las preocupaciones que suscita. Hoy no se hace política de otro modo, y las derechas también saben que no es tan necesario un programa político como un enlace con los cansados pánicos nacionales, esa forma de intimidación disfrazada de civismo.

Hay que seguir buceando sin prejuicios donde dormita desde hace muchas décadas la idea de reconstitución de la justicia pública nacional en las estructuras productivas, científicas, morales y simbólicas del país y dialogar con los afluentes profundos sin dejar de decirse qué se es. O quién se es, o quién se deberá ser cuando queden expuestos los papeles que lo digan, en efectiva relación con los justos caudales subterráneos que piden ser interpretados.

Con uñas y dientes

Proyecto Estratégico Plan Fénix. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

En el curso del corriente año, la Argentina ha atravesado circunstancias, en los planos económico y político, que han deparado desafíos de magnitud. Entre ellos, se cuentan la crisis política ocasionada por la discusión en torno de la movilidad de las retenciones a las exportaciones agrícolas, la reestatización de las jubilaciones y el nuevo contexto que se perfila a partir de la implosión del sistema financiero internacional. Ello ha motivado respuestas diversas desde el ámbito gubernamental; entre ellas, la ratificación del anterior régimen de retenciones agrícolas, el anuncio de la cancelación de la deuda con el Club de París, la posible reapertura del canje de la deuda, y por último la reciente propuesta de restablecimiento del carácter solidario para el conjunto del sistema previsional argentino. En un escenario complejo no hay cabida para análisis y recomendaciones simplistas. Una vez más, desde el Plan Fénix sometemos a la discusión pública nuestra apreciación acerca de la actual situación y los cursos de acción a seguir.

El conflicto entre Gobierno y sector ruralista marcó el ritmo político –más quizás que el económico– de la primera mitad del año, tanto por su extensión en el tiempo como por sus repercusiones en diversos estamentos sociales y políticos. El fragor de las medidas de fuerza –que en algún momento llegaron a comprometer el abastecimiento de la actividad productiva y el consumo, además del nivel de las exportaciones primarias– y cierta intemperancia en la postura y los procedimientos oficiales llevaron a un dramático desenlace parlamentario, que implicó retrotraer las medidas originalmente adoptadas por el Gobierno. Sin duda, fueron poderosos los intereses en juego y no siempre actuaron éstos de modo transparente ni legítimo; tal es el caso de los sectores proveedores de insumos y de la exportación agrícola.

El régimen adoptado a la postre tuvo efectos relativamente neutros sobre la rentabilidad agraria, por la caída de los precios de los productos primarios involucrados en el mercado internacional; incluso, resulta claro ahora que la normativa finalmente derogada habría sido más favorable para los productores de menor escala.

Ahora bien, conviene llamar la atención sobre dos aspectos de importancia en relación con este episodio.

En primer lugar, en su gran mayoría, la producción agrícola objeto de debate no se encontró –en momento alguno– en real peligro en cuanto a su viabilidad. No se trató de un debate acerca de la supervivencia de un sector, sino de una batalla por la apropiación de la renta agraria.

En segundo término, se soslayó una cuestión de fondo que resulta esencial: la de la adecuada política cambiaria que la Argentina debe adoptar. Como ya señaláramos en documentos anteriores, en la economía argentina abundan los recursos primarios. Ellos no permiten sin embargo el sostenimiento de la totalidad de su población, ni tampoco aseguran la sostenibilidad externa. Resulta imperativo entonces la vigencia de un tipo de cambio diferencial, que viabilice un modelo de desarrollo capaz de combinar del mejor modo las actividades primarias e industriales. Un modelo, por lo demás, para el que la Argentina ha mostrado aptitud tanto en el pasado lejano –hasta fines de los años ’70– como durante el último ciclo de crecimiento, iniciado luego de la debacle de 2001-2002. Este es el sentido de las retenciones, caricaturizadas tan frecuentemente como una “arbitraria” o “distorsiva” medida fiscal. Por el contrario, se trata de un instrumento que, en un adecuado contexto de políticas, apunta a la vez al desarrollo productivo, a la creación de empleo y a la redistribución del ingreso. Muy poco acerca de estas importantes cuestiones ha salido a la luz en la polémica pública, ni siquiera por parte de los sectores manufactureros que tienen un objetivo interés en ella. Antes bien, se escucha ahora a voceros rurales –acompañados por algunos actores políticos– que piden lisa y llanamente la eliminación de las retenciones. Una postura inaceptable en las presentes circunstancias, ya sea desde el punto de vista distributivo como desde el de una sana política de crecimiento (aun en el hipótetico caso de un contexto que asegurase holgura fiscal).

De hecho, la revaluación cambiaria operada en los últimos meses –ligada a una sostenida inflación– parece reflejar, además, una menor capacidad de compra de divisas por parte del Estado. En consecuencia, lo ganado en el campo impositivo por el sector de la producción agroexportable se había perdido –en buena medida– por efecto de la apreciación cambiaria. Este proceso acarreó además serias dificultades a la exportación industrial, que ha mostrado en el pasado una performance excepcionalmente dinámica (un incremento de alrededor de 100 por ciento, en relación con 1998). Es indispensable, en este punto, insistir en la necesidad de la recuperación de un tipo de cambio real de nivel competitivo, que permita contribuir al equilibrio externo y al desarrollo manufacturero exportador; la evolución más reciente parece apuntar en tal sentido. Sólo el sostenimiento en el largo plazo de una política de este tipo permitirá cambiar el perfil productivo y el nivel y el carácter del empleo en nuestro país.

Al mismo tiempo, la cuestión agraria debe ser encarada desde un enfoque integral, que supere la discusión puntual acerca de las retenciones. En particular, debe avanzarse en un proceso de diversificación, que revierta la excesiva concentración en el cultivo de soja, en perjuicio de otros cultivos, de la ganadería y de la actividad lechera. Se requiere de medidas prontas, antes del inicio de la próxima campaña. También se deberán definir y sostener activas políticas a favor de las pequeñas explotaciones familiares, consolidando la propiedad de sus tierras y apoyándolas tanto en los aspectos técnicos como crediticios.

La derrota parlamentaria parece haber derivado, por momentos, en una deriva parcial del Gobierno hacia la agenda planteada desde la oposición. Los anuncios de las reaperturas del canje a los holdouts y de las negociaciones con el Club de París son claros ejemplos de cursos de acción que parecieron satisfacer –en un momento particularmente inadecuado– el reclamo de ciertos sectores empresarios y de la “ortodoxia” económica a favor del retorno al mercado de capitales externos.

En el actual escenario –caracterizado por una inédita crisis financiera internacional– no resulta conveniente, esto parece casi obvio, que estas instancias sean abiertas. Resulta de todos modos esencial, en caso de avanzarse en este sentido, que el país se asegure condiciones dignas y sostenibles de refinanciamiento. Esto debe ser especialmente cuidado en el caso de la renegociación de los préstamos garantizados, para los que no deben aceptarse tasas de interés excesivas tratándose de un país que muestra un razonable nivel de solvencia.

Por sobre todas las cosas, debe asegurarse la sostenibilidad en el tiempo del crecimiento a partir de la capacidad local del ahorro, evitando caer una vez más en las históricas actitudes mendicantes que han sostenido (y sostienen) el carácter “inevitable” de un alto nivel de endeudamiento externo. Estas posturas le han costado en el pasado grandes sufrimientos a la Argentina, cuando los ciclos de toma de crédito externo culminaban, sucesivamente, en profundas e irremontables crisis. Hoy día la Argentina ha alcanzado los más elevados niveles de inversión sobre el producto de los últimos 20 años, con una cuenta externa de capital excedentaria (no deficitaria, como lo fue –por ejemplo– durante la convertibilidad).

La crisis internacional

La implosión del sistema financiero internacional constituye un evento inédito en la historia mundial reciente, a menos en los últimos 80 años (un período que equivale al de más de tres generaciones). Ello plantea un escenario complejo, a la vez que brinda enseñanzas que deberán ser capitalizadas.

Como es sabido, el factor que ha detonado este episodio es la insolvencia de una parte de la deuda hipotecaria de los Estados Unidos. Sus efectos se han visto potenciados, en virtud de mecanismos de “apalancamiento” (multiplicación) que generaron una plétora financiera de enorme alcance, caracterizada por un notable expansión de múltiples burbujas durante un largo período de tiempo, que fue facilitado por la pasividad de los reguladores financieros de los países centrales. Se facilitó el desarrollo descontrolado de significativos segmentos del negocio financiero, todo ello sustentado por una doctrina –con pretensiones de “ciencia económica”– que ha hecho del “libre mercado” una suerte de dogma milagroso que ahora muestra su engaño (como suele ocurrir siempre, a la larga, con los dogmas y muchos supuestos “milagros”).

Este fenómeno reconoce a su vez un conjunto de causas. El enorme grado de endeudamiento de la población estadounidense unido a su agresiva estrategia bélica ha sido en realidad el vehículo a través del cual se han motorizado los abultadísimos pasivos externos de su economía. Ello ha resultado de la acumulación de déficit casi permanente en su cuenta corriente externa, a un promedio de 2,5 puntos del PIB en los últimos 25 años. La particular dimensión e inserción de la economía americana, el reconocimiento de su moneda como reserva de valor y un favorable desempeño en términos de crecimiento han permitido “sustentar”, entonces, este ciclo de extraordinaria expansión de los pasivos durante un período de tiempo tan largo. El sistema financiero estadounidense compensó así con deuda los déficit corrientes externos; la “burbuja” financiera fue, entonces, una instancia inevitable de la pervivencia de este singular patrón de “expansión” (posible, por otra parte, debido a la acumulación indefinida de reservas en dólares por parte del resto del mundo).

Todo esto parece estar en vías de mutación, por obra de una crisis cuya magnitud aún no se puede avizorar con suficiente claridad, pero que ya brinda un conjunto de enseñanzas.

Por lo pronto, la entronización del mercado como institución central, fundante, impuesta con particular fuerza desde fines de los ’70, ha mostrado ser –una vez más– una opción a la postre inviable. En particular, los procesos de valorización financiera descontrolada no sólo contribuyen a anarquizar los mercados de capitales sino que también “atacan” desde diversos flancos a la economía real y al empleo, induciendo espirales acumulativas que terminan desestabilizando a la actividad económica, corroyendo los lazos sociales y, finalmente, dañando gravemente a los propios Estados-Nación. Instalan el despilfarro, la polarización en la distribución de la riqueza y los ingresos, la desvalorización del trabajo a favor de la especulación y la “economía-casino” y, finalmente, la anomia moral.

No resulta un hecho casual que el sector financiero haya sido el que con mayor insistencia ha machacado acerca de la necesidad de “liberar” el accionar individual de toda traba estatal. Paradójicamente resulta, a la vez, el sector menos robusto, el que –invariablemente– debe recurrir al auxilio generoso del Estado ante la amenaza de crisis sistémica. Entonces sí, ante el peligro de muerte, se apela al carácter de “servicio público” de la actividad financiera, impulsándose la socialización de las pérdidas para conservar el patrimonio en manos privadas.

De hecho, las respuestas que comenzaron a estructurarse han mostrado el papel que los Estados deben de todos modos jugar –de modo imperfecto y tardío en este caso– en cuanto agentes de la sociedad civil, para encauzar las tendencias perversas gestadas por decisiones meramente individuales en ámbitos puramente mercantiles. Se ha visto, además, la necesidad de emprender acciones globales unificadas –todavía al casi exclusivo nivel de los países centrales y sin considerar debidamente los intereses del resto del mundo– a fin de evitar la propagación de efectos en cadenas.

No puede negarse que los efectos de esta crisis internacional llegarán a nuestro país (esto ya ocurre, de modo aún limitado). Pero, al haberse interrumpido abruptamente el proceso de endeudamiento operado durante la vigencia de la convertibilidad, Argentina se encuentra hoy –en principio– menos expuesta, al menos en el “canal financiero” de propagación de la crisis. Su dependencia del ahorro externo es hoy día más baja y tampoco ha sido especialmente relevante el rol de los movimientos de capitales de corto plazo. Esto es también atribuible a las restricciones implementadas a este tipo de operaciones, que deben ser perfeccionadas.

Esto no es óbice, sin embargo, para que se adopten medidas de salvaguardia, en particular en lo atinente a la balanza comercial y al componente de servicios financieros de la cuenta corriente. Estas medidas deben hacer pie tanto en la economía real como en el sector financiero, apuntando a preservar los equilibrios externo y fiscal, a fin de asegurar márgenes de maniobra al Estado, que es en última instancia el que debe garantizar el marco de estabilidad y crecimiento posibles. Una temática que requiere atención, en este proceso de adaptación a las nuevas circunstancias internacionales, es el del ritmo inflacionario. Al respecto, debe asegurarse el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos; a este fin, además, es indispensable generar un ámbito donde las pujas distributivas sean dirimidas en beneficio del conjunto.

En tal sentido, la intención recientemente anunciada de restablecer un sistema previsional solidario, más allá de representar un paso de importancia histórica, constituye una decisión en el sentido correcto por dos razones. Por un lado, permitirá un nivel de ingreso futuro a los beneficiarios que el sector financiero privado no ha sido capaz de otorgar, al someter el valor de las cuotas-parte al vaivén de mercados intrínsecamente inestables (y a la previa punción de “comisiones” escandalosas). El cambio indispensable demanda, a futuro, una administración transparente y criteriosa de los recursos involucrados (que evite los históricos desvíos públicos que en los años ’90 formaron parte de los argumentos “vendedores” del inconsistente “régimen privado” hoy a punto de terminar su ciclo). Por el otro, otorga una base adicional de sustentación al Estado, en las turbulentas circunstancias actuales (y las previsibles). Desde ya, las medidas reformistas deberán ser acompañadas de adecuadas salvaguardias acerca del empleo de los recursos que se acumulen bajo gestión pública, a fin de asegurar su retorno en tiempo y forma para el pago de los beneficios.

En el plano regional, por otro lado, la actual coyuntura debe resultar propicia para afianzar la estrategia de inserción internacional que tiene como pilar a un Mercosur que se proyecta hacia el espacio regional a través de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La integración sudamericana es una de las opciones estratégicas de los gobiernos de la región que permitirá sintetizar el objetivo de una mejor inserción internacional de sus países, a la vez que genera condiciones de paz y desarrollo integral que puedan dar respuesta a las aspiraciones enraizadas en nuestra historia y geografía comunes. Deben construirse, para ello, instituciones y mecanismos que permitan avanzar en el tratamiento de los inevitables conflictos que conllevan estos procesos.

De esta manera, desde el Plan Fénix destacamos nuevamente que la integración regional debe constituir un capítulo central de la política exterior argentina, principalmente por ser el espacio económico y político ampliado con mayor potencial para sustentar el modelo de desarrollo interno del país. La crisis actual debe motorizar entonces esfuerzos en este sentido, previniendo eventuales salidas individuales que en definitiva resultarían estériles.

Conclusiones

La Argentina ha enfrentado en el curso de este año vicisitudes que han planteado desafíos y la necesidad de definiciones. El futuro inmediato se perfila, a su vez, como un escenario problemático, en comparación con el entorno en el que se desarrolló la actividad económica durante los últimos cinco años. Se requiere diseñar y avanzar entonces en respuestas inmediatas y eficaces. Pero, más allá de lo que dicten la coyuntura y la nueva estructura eventualmente resultante del desarrollo de la crisis global, resulta imperativo desarrollar una visión de largo plazo, que dé marco y sentido a las decisiones cotidianas.

Una vez más, tal como hemos señalado en forma permanente desde el Plan Fénix, se requiere explicitar definiciones estratégicas, que marquen un rumbo claro: proteger y fortalecer el desarrollo primario e industrial; diseñar e impulsar un patrón de crecimiento e inserción diversificado; salvaguardar los avances sociales logrados y avanzar para saldar la brecha social persistente, incorporando a través del sistema educativo y del mundo del trabajo a todos los argentinos; progresar en el esfuerzo de equilibrar la distribución del ingreso; y, crucialmente, fortalecer las posibilidades del ejercicio activo de las responsabilidades de la ciudadanía, asegurando el libre acceso a una información confiable en los medios de comunicación y transparencia en el ejercicio de la función pública. Estos principios deben ser corporizados en un plan que brinde un marco coherente al accionar diario del Estado y demás actores sociales.

La vocación a favor del impulso de estos principios debe ser reiterada cotidianamente, en la práctica concreta de todos nosotros, en especial cuando episodios de origen interno o externo se presentan como serias amenazas. Su concreción sólo podrá ser efectiva a través de la constitución de una coalición social y política amplia, consistente y sólida. Esta es la tarea política aun pendiente, cuando se presentan –operando en sentido contrario– algunas tendencias centrífugas que apuntan a la fragmentación.

Los argentinos debemos, sobre las bases acordadas de un proyecto nacional para el Bicentenario, comprometer todos los esfuerzos necesarios para consensuar acciones que, dirigidas a defender nuestros recursos y potenciales, nos lleven a la consolidación de un pacto social y productivo transformador de larga duración. Persistiendo en las ideas y las acciones pertinentes, convirtamos los argentinos esta crisis en una oportunidad.

El fin de las AFJP y los rumbos restituyentes en el laberinto argentino

El presente artículo fue aprobado en la Asamblea de Carta Abierta del 8 de noviembre de 2008 por aclamación.

Documento de Trabajo – Comisión de Economía de Carta Abierta - 08/11/08

La excepcionalidad argentina se mantiene. Persiste. Se evidencia en sucesivas coyunturas caracterizadas por el doble gesto de ruptura de los pilares del orden neoliberal en defección y de persistencia de contradicciones, de agendas pendientes. La excepcionalidad argentina ha sido capaz de sobrevivir a los cobos no-positivos, a los pampeanos empresarios del apocalipsis, a la desencajada verborragia mesiánica de las neoderechas autóctonas. Y sobrevive sin abismos a la hecatombe financiera internacional, gestionando –no sin escollos- lo propio. Ha sobrevivido incluso a las condiciones de posibilidad de sí misma, en tanto pervive en su racionalidad invocando a sujetos sociales cuya expresión política no parece ubicarse aún a la altura de las dimensiones de la gesta. Lo político, de esta forma, recorre un período de excepcionalidad, de búsqueda claroscura entre los hechos y sus sujetos, de debate y dislocación de nociones de futuro que condicionan los actos del presente y le prodigan o retacean racionalidad.

Si el agrupamiento de la oposición política y las organizaciones empresarias de la pampa húmeda buscó transformar esta etapa de excepción en decepción, en imposición de un statu quo y recuperación de una hegemonía perdida, la oportuna decisión del gobierno nacional de enviar al congreso un proyecto de ley para poner fin al sistema de capitalización, eliminar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y reuniversalizar el sistema de reparto, confirma ante todo la opción de continuar avanzando en la construcción de un sendero radicalmente distinto del neoliberal y recuperar la regulación e intervención públicas, emitiendo a la vez señales de diverso tipo, de enorme importancia en la construcción de imaginarios sociales y políticos diametralmente opuestos al libre mercado y el individualismo.

La medida supera ampliamente un –no menor- cambio en el ordenamiento del sistema de seguridad social. Tiende a redefinir las normas societales vinculadas al mundo del trabajo, y avanza en la desarticulación de uno de los pilares de la institucionalidad neoliberal, asestando un duro golpe al sector privilegiado por las políticas liberalizantes de la dictadura militar de 1976 y del modelo de convertibilidad de la década pasada: el sistema financiero. La eliminación del régimen de capitalización opera en el mismo sentido que la devaluación de 2002, la instalación de restricciones al movimiento de capitales especulativos y las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios, al suprimir las condiciones macroeconómicas que hicieron posible el régimen de valorización financiera durante tres décadas.

La desarticulación del sistema universal de reparto, en 1994, y su reemplazo por la administración de los aportes de los trabajadores por las AFJP, significó la transformación del derecho económico y social básico a una jubilación digna garantizado por el estado a través de un sistema solidario, en un mecanismo de ahorro individual cuyo rendimiento quedó sujeto a las contingencias de los mercados desregulados y al dudoso expertise –en algunos casos delictivo- de los administradores privados, los cuales percibieron ingentes comisiones con independencia de los rendimientos derivados de las colocaciones de los fondos previsionales en los mercados. La apoteosis neoliberal del individuo, del Robinson Crusoe limitado a los estrechos horizontes de su isla, en detrimento de concepciones colectivas y solidarias, implicó desvirtuar el hecho social del trabajo, la producción y la distribución de la riqueza.

Este régimen conllevó la desfinanciación del sistema de seguridad social público, incrementando las necesidades de apalancamiento en un contexto macroeconómico y monetario vinculado al endeudamiento crónico y la fuga de capitales. Paradojalmente, la brecha fiscal y previsional fue cubierta en gran medida con los fondos en poder de las administradoras.

La eclosión del sistema de convertibilidad y la insoslayable renegociación de la deuda pública provocó la disminución de los activos aportados por los trabajadores. La actual crisis financiera provocó una nueva caída en el valor de dichas inversiones. Librado a la suerte del mercado, el sistema ha demostrado en la actualidad su imposibilidad de otorgar a los trabajadores incluidos en él una jubilación mínima digna y sustentable en el tiempo.

Al establecer un nivel jubilatorio mínimo, el estado ha debido socorrer al sistema, aportando este año cerca de 4000 millones de pesos, cifra que se incrementaría sucesivamente en los años venideros.

Uno de los principales argumentos para la creación de este sistema fue la necesidad de incrementar la “profundidad” de los mercados de capitales nacional y regional, lo cual redundaría en un aumento de las inversiones productivas y el desarrollo económico. Sin embargo, este objetivo también se vio frustrado.

Una mirada atenta a la experiencia resultante permite advertir que no se ha cumplido ninguno de los argumentos esgrimidos en la época de su creación. Los trabajadores que perciban su jubilación a través de este sistema requerirán asistencia pública para alcanzar el mínimo legal, no se logró el financiamiento de actividades productivas o de cambio estructural y se profundizó la desfinanciación del sector público.

Esta experiencia arroja importantes conclusiones que abonan la pertinencia de la actual estrategia gubernamental y justifican su respaldo. En primer lugar, los sistemas de seguridad social forman parte innegable de un conjunto diverso de derechos humanos básicos, vinculados al carácter social del mundo del trabajo. En tal sentido, resulta inconcebible su administración o gestión por parte de empresas privadas. En segundo lugar, los fondos de la seguridad social no pueden permanecer expuestos a la lógica de los mercados financieros. Por el contrario deben ser administrados a través de mecanismos que aseguren su sustentabilidad y su función social y solidaria.

El evidente fracaso del sistema de capitalización ha despojado a sus defensores y gerenciadores de la prepotencia de los primeros años. Apenas alcanzan a balbucear el agónico argumento de la “libertad de elegir”. Este axioma del liberalismo no es capaz de sostenerse sin la constitución de un mito y una racionalidad que, aunque falsa, tenga la potencia de instituirse en verdad. La crisis del sistema privado transformó la aparente prestancia técnica y conceptual de sus argumentos tempranos en un dogma, en una perseverancia obtusa. La supuesta “ciencia del mercado”, que hoy se muestra falsa e inoperante en sus objetivos declarados, transmuta en un acto de fe sin parámetros racionales. Y la ruptura del mito de la suficiencia y pertinencia mercantil como regulador social da lugar a un cambio en la política, que vuelve a centrarse en el estado. La iniciativa del gobierno nacional asume un carácter restituyente, reinstalando una noción colectiva como centro del funcionamiento social y convocando al debate sobre formas alternativas de institucionalidad.

Sin embargo, estos importantes pasos en el laberinto argentino nos convocan a repensar al estado como espacio de constitución de lo colectivo. No basta con reivindicar lo público.

No resulta apropiado retomar mecánicamente viejas formas. Es preciso interpelar al concepto, problematizarlo. Basta hacer memoria para recordar los descalabros existentes en el sistema previsional previo a la creación de las AFJP. Si bien su crisis no responde al modelo técnico intergeneracional en que se basa el sistema de reparto, sino al vaciamiento del estado desde mediados de la década del 70, resulta imprescindible pensar críticamente la estructuración institucional de los mecanismos de regulación pública y la necesaria participación democrática en las decisiones fundamentales que afectan a la cosa pública.

Al estado interventor clásico debiera oponerse un estado capaz de construir un modelo de desarrollo inclusivo de carácter multilateral. Es decir, un estado permeable a la sociedad civil, a las organizaciones políticas y sociales, provisto de las herramientas para propiciar el debate público con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de manera sustentable y democrática. La figura del estado positivista, omnipresente y omnicomprensivo, en tanto falaz, conduce a un debilitamiento del debate y a una escasa creación de mecanismos de imbricación social y política, sea cual fuere el modelo de acumulación y reproducción vigente.

En esta tarea resulta imprescindible el desarrollo de movimientos sociales y políticos populares capaces de exigir su lugar en la construcción de un estado referenciado en las bases sociales. Movimientos capaces de oponer un discurso y una acción política a las neoderechas autóctonas, que disputan -con disfraces oportunos- la política pública, la representación de lo “popular”, lo “democrático” e, incluso, de la “nación”. Esta construcción no es una tarea exigible al estado. Constituye un camino colectivo, objetivado en formas de participación y discursos diversos.

En pocos días, y luego de la aprobación del proyecto oficial –que incluye modificaciones de otras bancadas aliadas- en la cámara de diputados de la nación hace escasas horas, tocará el turno del senado. Dados los poderosos intereses económicos en juego, por estos momentos se estarán desarrollando diversas estrategias, presiones y ofertas para lograr su rechazo, tal como ocurrió con la Resolución 125. Banqueros y operadores han reaccionado generando presiones sobre el mercado cambiario, rematando bonos públicos y provocando fugas de capitales al exterior. Estas acciones resultan esperables en un contexto de tensiones por el alcance de las políticas del estado. Nos obstante, este comportamiento “normal” de los grupos ligados al poder económico en Argentina debiera encontrar la oposición del accionar restituyente colectivo, el emergente de esa noción de futuro que necesariamente debe plasmarse en los espacios de lo público, para convertirse en político.

La auspiciosa iniciativa gubernamental de eliminar el sistema de capitalización recupera ciertos elementos épicos imprescindibles para el establecimiento de lo político, el interrogante sobre las formas que deberá asumir un nuevo estado con fines transformadores, y restablece el dilema entre el surgimiento de sujetos políticos colectivos capaces de viabilizar un proyecto transformador y las posibilidades de refundar constantemente el estado de excepcionalidad.

Resulta imprescindible contribuir con un cambio de época. Los derechos sociales básicos deben ser desmercantilizados, recuperando su carácter solidario y universal: jubilación, salud, vivienda, educación, soberanía alimentaria.

Contacto: economia.carta.abierta@gmail.com

Los gobiernos pasan, los argentinos quedan

La Argentina necesita un buen gobierno, una buena sociedad y una buena oposición
por Cristina Fernández de Kirchner para Territorio Digital - Posadas - 09/11/08

Misiones irradia vitalidad. Desde los versos de su Misionerita hasta las leyendas de sus pueblos originarios, desde las huellas de los jesuitas hasta los cuentos de Horacio Quiroga, la provincia despliega toda la exuberancia de la selva subtropical.
Andresito es una síntesis de esa energía misionera. A pesar de ser el municipio más joven, es todo un símbolo de la historia de Misiones, de su lucha por la libertad, el progreso y el respeto a la diversidad.
No por nada tomó su nombre del Comandante Andrés Guacurarí, un guaraní comprometido con la liberación y con la construcción del federalismo. Un luchador que seguramente estaría orgulloso de que este pueblo lo recuerde con su nombre.
En sólo 28 años, pasó de tener 150 colonos a contar entre sus límites a unos 24 mil habitantes. Ayer, los primeros pobladores llegaron para trabajar la tierra. Hoy, sus hijos persisten en aquellos viejos sueños.
Andresito es el mayor productor del país de yerba mate, todo un emblema de los rioplatenses, con más de 120 millones de kilos por año.
Si se mira desde el aire, es un mosaico de tierra colorada mezclada con distintas tonalidades de verdes. Desde lo alto se observan los cultivos de los pequeños productores, el trabajo de los yerbateros, tealeros y tabacaleros.
Por primera vez visité Andresito el martes pasado. Por primera vez, una Presidente, o un Presidente, visitó este maravilloso rincón de la Argentina profunda.
Allí, conocí hombres y mujeres que con su esfuerzo, le agregan valor al producto que extraen de la tierra y contribuyen a garantizar una dimensión fundamental de nuestra autonomía como Nación: la soberanía alimentaria.
Pero hay una obra que resulta fundamental y viene a restañar una vieja herida: la inauguración de la ruta nacional 101. Con sus 88 kilómetros de asfalto, fue declarada la obra vial más importante del 2008 por la Asociación Argentina de Carreteras.
Esta ruta que penetra en el corazón del Parque Nacional y llega hasta las propias Cataratas del Iguazú, potenciará no sólo la producción regional, sino también el turismo ecológico.
Sumado a esto, los andresiteños y andresiteñas tendrán asfaltados otros 12 kilómetros de acceso a una zona del municipio donde viven más de 350 familias de pequeños productores que también necesitan salir del aislamiento.
Pero lo más importante, es que con la pavimentación de la ruta 101 los misioneros, los argentinos todos, ya no tendremos que pasar por las rutas asfaltadas de Brasil para evitar el barro de los caminos de nuestro país.
Además, para favorecer la comercialización y la integración con los países vecinos, pondremos en marcha una nueva aduana. La de Puerto Iguazú ya no da abasto para contener el creciente comercio de nuestras economías regionales.
Estamos avanzando también en soluciones habitacionales para Misiones con la construcción de 556 viviendas y 1224 mejoramientos, en el marco del Plan Federal de Viviendas II.
El pasado mes de abril estuvimos presentes durante la entrega de 843 viviendas en el barrio Itaembé Miní, en Posadas, capital de la provincia. Para cuando concluyan las obras, estas unidades habitacionales habrán beneficiado a más de 1.500 familias.
El martes también inauguramos desde Puerto Iguazú cuatro nuevos establecimientos educativos en las localidades de Guaraní, Eldorado, Puerto Esperanza y Puerto Piray, dentro del Plan 700 escuelas.
La educación es mucho más que una preparación para ingresar al mercado laboral. Es principalmente un instrumento para la formación de ciudadanos que puedan y sepan ejercer sus derechos y que se hagan cargo, también, de sus deberes y obligaciones.
Por otra parte, con el avance en el proyecto del Gasoducto del Noreste, un proyecto federal y latinoamericano, se está dando previsibilidad a otro de los ejes fundamentales de nuestra gestión y de nuestro época como es el tema de la energía.
Este gasoducto de casi 2000 kilómetros, que supone una inversión estimada en 1800 millones de dólares, entrará en operaciones dentro de tres años para transportar hasta 27,7 millones de metros cúbicos diarios de gas.
Además, en agosto se inauguraron la tercera línea de transporte de alta tensión y la estación transformadora de 500 KV asociadas a la central hidroeléctrica Yacyretá, que demandaron una inversión de 630 millones de dólares.
Esta obra energética, que se extiende a lo largo de 912 kilómetros, atraviesa las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, aumentando la seguridad del Sistema Interconectado Nacional.
La obra pública es la punta de lanza para mantener el nivel de actividad, para generar empleo y para mejorar la distribución del ingreso.
A partir de estos proyectos y obras concretas, podemos volver a pensar en el país en su conjunto, pero especialmente en aquellas regiones que necesitan superar décadas de olvido y postergación.

Tener una Argentina más justa y más equitativa, requiere no sólo de un buen gobierno, sino también de una buena sociedad y una oposición responsable.
La Argentina necesita dirigentes dispuestos a poner el hombro para construir. Especialmente, cuando tenemos desafíos e intereses tan poderosos que enfrentar.
Ya sabemos cómo nos fue con dirigentes y opositores que se dedicaron a desgastar gobiernos.
Quienes tenemos la responsabilidad de ocupar un cargo público, somos una circunstancia de la historia. Lo permanente, lo insustituible, lo irremplazable, es la Patria. Los gobiernos pasan. Los argentinos quedan.
Pueden dar testimonio de ello los habitantes de Andresito. Un pequeño pueblo 60 kilómetros al este de las Cataratas del Iguazú, que desde la llegada de los primeros colonos lucha por su desarrollo socioeconómico.
Santacruceños y misioneros estamos hermanados por el orgullo de albergar en nuestra tierra las dos maravillas naturales más importantes de la Argentina: las Cataratas del Iguazú y el Glaciar Perito Moreno.
Me llevo al sur el cariño y afecto de su gente y los recuerdos de su feria de pequeños productores. Me llevo el pan, los quesos, las conservas y las frutas. Me llevo, en definitiva, el trabajo, el esfuerzo, y la alegría. Garantía de misioneros.
Porque como decía Horacio Quiroga: "Misiones, colocada a la vera de un bosque que comienza allí y termina en el Amazonas, guarece a una serie de tipos a los que podría lógicamente imputarse cualquier cosa, menos, ser aburridos".

Creer en el futuro

Por Cristina Fernández de Kirchner para La Gaceta de Tucumán - 02/11/08

Durante el último tercio del siglo XIX, los ferrocarriles y la educación pública tuvieron un rol fundamental en la consolidación del Estado argentino.
Los ferrocarriles se convirtieron en la herramienta más poderosa para afirmar la presencia nacional en las regiones más aisladas, así como la educación fue determinante a la hora de forjar la identidad del país.
Fue desde el naciente Estado nacional que se diseñaron e implementaron las políticas públicas que forjaron el perfil económico, social y productivo de la Argentina de entonces.
En sus inicios, el diseño del entramado de las vías férreas respondía pura y exclusivamente a la lógica exportadora de Gran Bretaña y de la ciudad puerto. Pero cada ramal que se inauguraba fomentaba la expansión hacia nuevas fronteras.
Tal fue la importancia del desarrollo del ferrocarril que hasta 1914 las obras ferroviarias representaban el 40% del total de la obra pública nacional.
De hecho, la primera empresa pública organizada desde el Estado fue, precisamente, una empresa ferroviaria, la Administración General de los Ferrocarriles del Estado (AGFE), allá por 1909, hace casi 100 años.

Instrumento de progreso
Durante casi todo el siglo pasado el ferrocarril estatal unió antiguas ciudades y estimuló el surgimiento de nuevos pueblos, aun en las zonas más remotas de nuestro país.
El paso del tren significaba mucho más que un medio de transporte. Era el lazo de comunicación e intercambio entre los propios argentinos y del país con el resto del mundo.
Así nació y se forjó Tafí Viejo. Su crecimiento estuvo íntimamente vinculado al desarrollo de la industria ferroviaria en los antiguos galpones de los talleres ferroviarios. Durante los años 50 trabajaban más de 5.500 obreros. Eran los talleres más grandes de América Latina. Allí se construyó el primer tren presidencial de la Argentina, en 1913, y los primeros vagones con aire acondicionado de toda la región.
Con 22 hectáreas ocupadas, su ubicación estratégica le garantizaba acceso y conexión con el resto del país. Tafí Viejo tuvo la impronta de una ciudad industrial y se convirtió en un orgullo para los tucumanos.
Pero ese impulso creador se fue desmoronando a medida que pasaron los años. Durante la dictadura militar y, nuevamente en los años 90, bajo la consigna de la desregulación y las privatizaciones, se desmanteló la trama ferroviaria que había costado décadas construir.
Si bien los talleres fueron reabiertos durante el mandato del ex presidente Raúl Alfonsín, a mediados de los años 90, con la gestión del ex gobernador Antonio Domingo Bussi, se volvieron a cerrar sus puertas.
El ex general Bussi fue condenado recientemente por la Justicia Federal por crímenes de lesa humanidad. Entre otros delitos figura la desaparición de 65 personas, muchos de ellos empleados ferroviarios de Tafí Viejo.
Para entonces no se habían cerrado sólo los talleres ferroviarios. Se había clausurado un estilo de vida. Se había detenido el progreso. Se había terminado el trabajo.

Clamor de pueblo
Durante los últimos años, en cada visita a la Provincia, los tucumanos nos reclamaron por la reapertura de los talleres. No habían perdido el sueño de ver a Tafí Viejo como era antes: una ciudad próspera y poblada de obreros. El martes, junto al gobernador José Alperovich, tras largos años de espera y una inversión de $ 13 millones, anunciamos la reinauguración de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, haciendo honor a la palabra empeñada por el ex presidente Néstor Kirchner.
Ya desde el año 2003 y, de cara al Bicentenario, las acciones del Gobierno nacional estuvieron orientadas a la recuperación, puesta en valor y modernización integral de los ferrocarriles.
Sólo en infraestructura ferroviaria, se invirtieron $ 2.200 millones entre los años 2004 y 2007. La inversión creció más de trece veces durante ese período.
Se adquirió nuevo material rodante, y se avanzó en la electrificación y en la renovación del sistema de señalamiento y comunicaciones de las líneas San Martín y Roca, en el Gran Buenos Aires.
El soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que incluye la construcción de 32,6 kilómetros de túneles por debajo de su traza actual, es tal vez uno de los proyectos más ambiciosos.

Otro marco
La ley de reordenamiento ferroviario, elaborada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso nacional a principios de este año, le dio un marco jurídico institucional al reestablecimiento del sistema ferroviario. Con vocación federal, durante los últimos años se ha logrado sostener un alto nivel de inversión, no sólo en materia ferroviaria, sino de infraestructura social, económica y productiva.
Del total de obras públicas encaradas y financiadas por el Gobierno nacional, más del 90% fueron licitadas, ejecutadas y contratadas por otras jurisdicciones, lo que representa el 60% del volumen en términos económicos de la totalidad de la obra pública de la Nación. Es necesario seguir trabajando por el principal objetivo: mejorar la prestación del servicio ferroviario. Tenemos una ventaja: contamos con muchas más posibilidades que hace 150 años.
“Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación. La economía nacional, pública y privada, el equilibrio de las diversas regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, la distribución de la riqueza y hasta la política doméstica e internacional están íntimamente vinculadas a los servicios públicos de comunicación y transporte”. Con pensamiento crítico, Raúl Scalabrini Ortiz sintetizó de esta manera el compromiso de un intelectual con su pueblo. Algo que no siempre sucede. Lamentablemente.

Nada es casual
El mismo día en que eran reinaugurados los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, durante un acto en Pilar, provincia de Buenos Aires, el Gobierno cedió un edificio para la construcción de una universidad pública.
Nada es casual. Nunca en la Argentina se construyeron tantas escuelas como en los últimos cinco años. El plan 1.000 escuelas, que se suma al programa 700 escuelas, viene a saldar una vieja deuda que tiene el país con la educación pública.
En sus orígenes, la escuela pública significó mucho más que una institución para impartir conocimiento. Fue, fundamentalmente, una herramienta para construir nuestra nacionalidad y dar sentido de igualdad a nuestra sociedad.
Cuando se inaugura una escuela, se construye mucho más que un edificio: se abre un centro de formación de ciudadanos. Es en las escuelas en donde se construye la identidad del país.
Tanto en la educación como en el transporte ferroviario, el rol del Estado es insustituible e indelegable. Cuando primó la lógica del mercado durante los años 90, nos quedamos sin trenes y, prácticamente, sin escuelas públicas.
Así como tantos otros pueblos de la Argentina, Tafí Viejo se había quedado sin futuro. De a poco y entre todos, estamos recuperando la memoria de nuestro desarrollo histórico.